El Gobierno de Donald Trump ha decidido cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a los venezolanos, lo que dejará a cerca de 600.000 inmigrantes en una situación precaria. La medida, anunciada el 4 de septiembre de 2025 por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, entrará en vigor el 10 de septiembre, fecha en la que alrededor de 250.000 venezolanos perderán su permiso de trabajo y se verán expuestos a la deportación.
El TPS, un mecanismo diseñado para proteger a individuos de países que enfrentan crisis extraordinarias, había sido renovado en 2023, extendiendo la protección a otros 350.000 venezolanos. Sin embargo, el Gobierno argumenta que las condiciones en Venezuela han mejorado lo suficiente como para justificar el fin de este programa. Según Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), el TPS «funciona como un imán migratorio», dificultando el control de la frontera sur.
Reacciones y consecuencias de la decisión
Organizaciones de defensa de los inmigrantes han cuestionado esta afirmación, subrayando que Venezuela sigue enfrentando una crisis política, económica y humanitaria sin precedentes. La pérdida del TPS podría llevar a la pérdida de empleos, separaciones familiares y un aumento en las detenciones y deportaciones.
La decisión de Trump se produce en un contexto de agudas tensiones legales. El Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones ha respaldado recientemente una sentencia del juez Edward Chen, del Distrito Norte de California, que había considerado ilegal la finalización del TPS para los venezolanos. Esta demanda fue impulsada por la Alianza Nacional TPS y apoyada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que advierten de las graves repercusiones humanas que conlleva esta medida.
Los beneficiarios del TPS ahora dependen de una inminente resolución judicial que el juez Chen deberá emitir. Esta decisión podría suspender temporalmente la orden de Trump, brindando un respiro a las familias afectadas que viven en la incertidumbre.
Un futuro incierto para las familias venezolanas
Mientras tanto, miles de familias venezolanas en Estados Unidos enfrentan un dilema que no solo es legal, sino que también impacta su estabilidad económica y su integración social en el país que eligieron como refugio. La cancelación del TPS ha reavivado preocupaciones sobre el futuro de estos inmigrantes y el impacto que tendrá en sus vidas, en un momento en que la crisis en Venezuela continúa afectando a millones.
Con la medida de Trump, se abre una nueva batalla legal que podría definir el futuro de la comunidad venezolana en Estados Unidos. La incertidumbre se cierne sobre aquellos que, tras huir de la crisis en su país, ahora se enfrentan a la posibilidad de ser deportados.
