El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el pasado 5 de septiembre una fuerte advertencia desde la Casa Blanca, afirmando que cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza para las fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe será derribado. Esta declaración incrementa las tensiones entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro, en un contexto de creciente despliegue militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela.
Trump sentenció: «Si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados», en respuesta a la reciente actividad de cazas F-16 venezolanos que sobrevolaron un buque militar estadounidense que, según informes, estaba realizando operaciones antidrogas. En contrapartida, Estados Unidos ha reforzado su presencia en la región enviando una decena de aviones F-35 a una base en Puerto Rico, situada a tan solo 900 km de Venezuela.
Escalamiento de tensiones y retórica bélica
Este despliegue militar estadounidense se justifica bajo la premisa de combatir el narcotráfico proveniente de Venezuela. Desde mediados de agosto, el gobierno estadounidense ha intensificado sus operaciones en el Caribe, bajo el pretexto de frenar el tráfico de drogas. Sin embargo, las declaraciones de Trump también incluían ataques directos a la inmigración, acusando a las prisiones venezolanas de ser «abiertas» para inundar Estados Unidos con «los peores criminales».
Además, el presidente ha designado a bandas como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles como «narcoterroristas», lo que le otorga al gobierno estadounidense un amplio margen para actuar bajo el marco legislativo establecido tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esto permite a Washington llevar a cabo operaciones de vigilancia y ataques letales en cualquier parte del mundo en nombre de la «seguridad nacional».
Consecuencias de la intervención militar
La tensión alcanzó un punto crítico tras el ataque de Estados Unidos contra una embarcación señalada como «narco», que resultó en la muerte de 11 personas. Trump se jactó de una reducción en el tráfico de lanchas tras este ataque, mientras que desde Venezuela y Colombia se condenó el hecho. El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, lo calificó de ejecución extrajudicial, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, lo consideró un «asesinato en cualquier parte del mundo».
Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han crecido notablemente en las últimas semanas, acentuadas por sanciones económicas que afectan a la población trabajadora venezolana. En un gesto provocador, el Departamento de Justicia estadounidense aumentó la recompensa a 50 millones de dólares por «información» sobre Nicolás Maduro, mientras el despliegue de buques, cazas y fuerzas especiales se convierte en una constante en la costa venezolana.
La retórica de Trump también incluyó la propuesta de cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, un reflejo de su enfoque agresivo y militarista hacia la política exterior, donde la diplomacia es cada vez más sustituida por amenazas e intervenciones militares. Esto contrasta con sus intentos de presentarse como promotor de la paz en otros contextos, como el conflicto en Ucrania.
La intervención estadounidense no busca realmente combatir el narcotráfico, sino reafirmar su dominio sobre los recursos naturales y los pueblos latinoamericanos. La supuesta «guerra contra las drogas» ha demostrado ser un pretexto que trae consigo militarización, violaciones de derechos humanos y saqueo de recursos estratégicos.
Es importante señalar que rechazar la injerencia estadounidense no implica respaldar al gobierno de Nicolás Maduro, quien, a pesar de su discurso antiimperialista, mantiene negociaciones continuas con Washington y reprime a la clase trabajadora y a los movimientos sociales. La verdadera alternativa debe surgir de la organización independiente y la movilización de la clase trabajadora y los pueblos oprimidos tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos.
