La Administración de Donald Trump ha sufrido su tercera derrota judicial en menos de un mes tras la decisión de un tribunal federal en Massachusetts, que ha ratificado la suspensión de una controvertida orden presidencial. Esta medida, que pretendía negar la ciudadanía estadounidense por nacimiento a los hijos de inmigrantes en situación irregular o con visados temporales, ha generado una intensa ola de litigios en varios estados del país.
El juez federal de distrito Leo Sorokin reafirmó la validez de su fallo original, dictado en febrero, que había detenido la aplicación de esta orden en más de una docena de estados. Según Sorokin, su decisión sigue siendo aplicable a nivel nacional, basándose en una excepción permitida por la reciente sentencia de la Corte Suprema del 27 de junio, que limita el alcance de los tribunales inferiores para bloquear de forma generalizada las decisiones del Ejecutivo federal.
Reacciones y consecuencias legales
Esta sentencia se alinea con un pronunciamiento reciente de un tribunal de apelaciones, que también se manifestó en contra de la orden ejecutiva de Trump. Este tribunal confirmó la resolución de una instancia menor que había considerado inconstitucional la medida, ordenando su suspensión a nivel nacional. La impugnación fue impulsada por el estado de Nueva Jersey, que, junto a otros gobiernos estatales, denunció ante la justicia las consecuencias económicas y sociales severas que la medida implicaría.
Los demandantes argumentaron que la aplicación del decreto podría resultar en la pérdida de reembolsos federales por servicios médicos y sociales prestados a menores que, de aplicarse esta orden, dejarían de ser reconocidos como ciudadanos. Además, advirtieron sobre los costos administrativos que supondría implementar el decreto en los sistemas estatales.
El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, celebró la reafirmación del fallo como «una victoria importante para el Estado de derecho y para la protección de los derechos constitucionales de todos los nacidos en territorio estadounidense». Este hecho subraya la creciente resistencia legal contra una política que ha sido vista como un ataque directo a la Enmienda 14 de la Constitución, ratificada en 1868, que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana del país, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Retos para el expresidente
La reiteración de fallos judiciales adversos refleja las dificultades del expresidente para avanzar con políticas que, según los jueces, vulneran derechos fundamentales y principios constitucionales bien consolidados en el ordenamiento jurídico estadounidense. La orden en cuestión fue firmada por Trump apenas en su segundo día como presidente, como parte de su agenda migratoria centrada en endurecer las políticas de naturalización y fomentar deportaciones masivas.
Este nuevo revés judicial no solo pone en entredicho la viabilidad de la agenda migratoria de Trump, sino que también resalta la resistencia que enfrenta en el ámbito legal ante las acusaciones de que sus políticas son discriminatorias y contrarias a la Constitución. La batalla por la ciudadanía y los derechos de los inmigrantes continúa, dejando un legado de tensiones y desafíos en la política estadounidense actual.
