Suiza se prepara para un importante referéndum el próximo mes de junio, donde se someterá a votación la propuesta de limitar a 10 millones el número máximo de residentes permanentes en el país. Esta iniciativa, impulsada por el Partido Popular Suizo y liderada por Marcel Dettling, busca restringir la presencia de extranjeros en el territorio alpino, aunque no cuenta con el respaldo del Gobierno federal.
Los ciudadanos suizos están convocados a este referéndum el 14 de junio, donde deberán decidir si se establece este límite para el año 2050. Actualmente, la población suiza supera los nueve millones, lo que significa que, si la medida es aprobada, el Gobierno tendría que actuar de manera casi inmediata para cumplir con este nuevo marco demográfico. Se estima que alrededor del 25% al 27% de la población actual en Suiza es extranjera.
El Consejo Federal suizo y el Parlamento ya han expresado su rechazo a esta medida ultranacionalista, advirtiendo sobre los peligros que podría conllevar para el crecimiento económico del país y para los acuerdos de seguridad del espacio Schengen, que permite la libre circulación de personas con la Unión Europea.
Esta iniciativa ha logrado recabar el número necesario de firmas, lo que activa el proceso de consulta popular, una característica del sistema de democracia directa suizo. Las encuestas actualmente indican un empate técnico entre los partidarios y detractores de la propuesta. En la misma jornada, los suizos también votarán sobre una reforma del sector público, que pretende reducir el número de contrataciones de 6.600 a 4.000.
Según la propuesta, si la población supera los 9,5 millones, el Gobierno deberá activar medidas de emergencia que incluirían restricciones drásticas al asilo y a la reagrupación familiar. Si se alcanzara el tope de 10 millones, Suiza estaría obligada a renegociar o incluso a romper tratados internacionales, lo que podría incluir la libre circulación de personas con la Unión Europea.
Esta propuesta refleja los dogmas de la ultraderecha, reminiscentes de las políticas de la administración Trump en Estados Unidos. Se argumenta que el aumento en la población extranjera es responsable del incremento en los precios de alquiler y de la escasez de vivienda. También se plantea que la masificación en escuelas públicas y el transporte son problemáticas derivadas de esta situación.
Sin embargo, importantes empresas como Nestlé, Novartis y Roche han manifestado su oposición a las restricciones propuestas, advirtiendo que limitar la entrada de trabajadores extranjeros podría resultar en un aumento de los costos salariales y en la reubicación de compañías a otros países donde la mano de obra sea más accesible. Además, se ha señalado que los trabajadores extranjeros contribuyen significativamente más al sistema de seguridad social de lo que reciben en servicios.
La posible eliminación de la libre circulación podría aislar a Suiza del mercado único europeo, su principal socio comercial, lo que tendría implicaciones económicas profundas para el país.
