El fundador de Telegram, Pável Durov, se enfrenta a serias acusaciones en Rusia, donde el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha iniciado un caso penal en su contra por supuesta colaboración con el terrorismo. Según informaciones de medios oficiales rusos, las autoridades sostienen que Durov no ha eliminado más de 154.000 canales y chats que, según ellos, están vinculados a actividades delictivas, que incluyen desde la oposición política hasta la pornografía infantil y el narcotráfico.
El Kremlin ha intensificado su ofensiva contra las plataformas de mensajería, buscando obligar a los ciudadanos a utilizar un servicio nacional respaldado por sus servicios de inteligencia, conocido como Max. En este contexto, el FSB ha bloqueado completamente el uso de WhatsApp y ha impuesto restricciones a Telegram, exigiendo que cumpla con sus demandas. El vicepresidente del Comité de política de información de la Duma Estatal, Andréi Svintsov, indicó que Telegram debe regularizarse en el país en un plazo de seis semanas, en medio de rumores sobre un posible veto total a partir del 1 de abril.
La apertura de este caso penal contra Durov añade una presión considerable sobre el empresario, quien podría enfrentar la posibilidad de extradición, dado que Telegram tiene su sede en los Emiratos Árabes Unidos. Durov y su hermano se trasladaron a este país tras rechazar colaborar con el FSB. Aunque las autoridades levantaron el veto a Telegram en 2020 al acceder a cooperar en la lucha antiterrorista, la represión que ha seguido ha desencadenado un nuevo enfrentamiento entre el Kremlin y Durov.
Según el diario Rossískaya Gazeta, las fuerzas de seguridad rusas han recopilado cerca de 33.000 casos de terrorismo y sabotaje relacionados con Telegram desde el inicio de la invasión de Ucrania hace cuatro años. Además, el FSB ha señalado que un ataque terrorista en Moscú en marzo de 2024 fue coordinado a través de esta plataforma. Aunque se identificó a los atacantes como miembros del Estado Islámico de Jorasán, el presidente Vladimir Putin acusó a Ucrania de ser responsable de la tragedia que dejó 150 muertos.
El periódico Komsomólskaya Pravda informa que de los delitos atribuidos a Telegram, más de 104.000 casos están relacionados con la difusión de «información falsa», mientras que otros 4.168 corresponden a la «justificación de actividades extremistas». El Ministerio de Justicia ruso ha clasificado como organizaciones indeseables a varias ONG, incluidos grupos opositores y medios de comunicación europeos, lo que ha aumentado la presión sobre Telegram para que cumpla con las normas impuestas.
Por otro lado, la reciente restricción parcial de Telegram ha generado dificultades en el frente ruso, donde la plataforma es utilizada extensamente para la comunicación segura. Según informan blogueros militares, las órdenes a las tropas han sido claras: no utilizar la alternativa gubernamental, Max, por considerarla vulnerable. Un canal de Telegram asociado a las fuerzas aéreas rusas expresó irónicamente que las tropas han recibido instrucciones de no instalar el mensajero nacional en dispositivos avanzados.
Mientras el FSB continúa sus acciones en contra de Telegram, la asociación de grandes empresas tecnológicas rusas, que incluye a Sberbank y a Yandex, ha solicitado acceso a las bases de datos de personas acusadas para mejorar sus sistemas antifraude, a pesar de las implicaciones sobre la privacidad de los ciudadanos. El presidente del comité de la Duma Estatal para tecnologías de la información, Serguéi Boyarski, ha comentado que esta propuesta requiere un análisis exhaustivo.
