El expresidente catalán Carles Puigdemont ha solicitado al Tribunal Constitucional que suspenda la orden de detención que pesa sobre él, basándose en las recientes conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, que avala la ley de amnistía y considera que esta no constituye una «autoamnistía».
La defensa de Puigdemont, encabezada por su abogado Gonzalo Boye, ha argumentado que la revocación de la orden de detención nacional, emitida por el juez del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, es necesaria para garantizar la efectividad del recurso de amparo que fue admitido el pasado 7 de octubre de 2023.
Argumentos de la defensa
Boye ha indicado que la solicitud de suspensión cautelar no solo es procedente, sino que es «jurídicamente obligada» para evitar la «lesión irreversible de los derechos fundamentales» de su cliente. El abogado ha enfatizado que los perjuicios que enfrenta Puigdemont no son «hipotéticos», ya que durante años ha tenido restringida su libertad de movimiento y su actividad institucional debido a la orden de detención, cuya validez ha sido desactivada por la ley de amnistía.
El letrado sostiene que no suspender la orden de detención significaría un «sacrificio desproporcionado e innecesario» y sería «incompatible» con los principios de proporcionalidad y mínima injerencia que deben regir en este tipo de procedimientos, según el texto al que ha tenido acceso Europa Press.
Conclusiones del TJUE
La petición de la defensa de Puigdemont se produce tras las conclusiones del abogado general del TJUE, presentadas el 13 de noviembre de 2023, donde se descarta que la ley de amnistía infrinja la legislación de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo o afecte a los intereses económicos y financieros de la misma. Estas conclusiones han dado un nuevo impulso a la defensa del expresidente catalán, que sigue luchando por la suspensión de su orden de detención.
