El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está en el centro de una investigación judicial por su supuesta implicación en una trama de corrupción fiscal que le permitió a diversas empresas acceder a información privilegiada sobre los presupuestos. Según el juez que lleva el caso en Tarragona, Montoro desempeñó un «rol nuclear» al modificar leyes en beneficio de estas empresas, a cambio de pagos sustanciales a su despacho, Equipo Económico.
La investigación, que comenzó en 2018 y permaneció en secreto hasta el pasado 19 de junio, ha revelado que Montoro, quien ocupó el cargo de ministro de Hacienda en dos períodos, entre 2000 y 2004 y de 2011 a 2018, utilizó su poder para garantizar que su equipo obtuviera «ganancias ciertas». El magistrado ha señalado que abusó de su autoridad, ya que entre sus competencias se encontraba la iniciativa legislativa de su ministerio.
Modificaciones legislativas a cambio de pagos
El juez ha destacado que, durante su mandato, Montoro realizó nombramientos estratégicos dentro del ministerio, colocando a personas vinculadas a Equipo Económico en posiciones clave. Esto aseguraba que la elaboración de leyes y reglamentos se hiciera «a demanda» de las empresas, a las que se les exigía pagar por estos servicios. Según el magistrado, esta práctica no solo perjudicó al sector público, sino que fomentó un sistema de enriquecimiento personal a costa de la función pública.
Los pagos a Equipo Económico entre 2011 y 2019 ascendieron a 779 705 euros, provenientes de las gasistas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales. Sin embargo, el juez sospecha que la trama pudo extenderse a otros sectores, como la construcción y la energía. Esta red de influencias se ha descrito como una «organización» que operaba a alto nivel en el Gobierno y la Administración, con el objetivo de generar ventajas fiscales para sus clientes, en detrimento de las arcas públicas.
La trama y sus implicaciones
El magistrado ha enfatizado que la estructura organizada por Montoro creó una «red de influencias» que facilitó la intervención decisiva en reformas legislativas. Esto se tradujo en la generación de beneficios económicos para las empresas a través de modificaciones en la legislación que afectaban a los ingresos y gastos del Estado. La investigación ha señalado que, incluso en casos donde la iniciativa debiera corresponder a otros ministerios, el Ministerio de Hacienda jugó un papel activo.
La situación de Cristóbal Montoro se ha complicado tras la revelación de su imputación y la de otros 27 investigados. Su renuncia como afiliado del Partido Popular el pasado jueves marca un giro en esta historia que sigue desarrollándose en los tribunales. La trama pone de manifiesto las vulnerabilidades en el sistema legislativo y la necesidad de una mayor transparencia en la administración pública.
La investigación continúa y se espera que se lleven a cabo más interrogatorios a los implicados, una situación que pone a prueba la integridad del sistema político español y las instituciones involucradas.
