La Unión Federal de Policía (UFP) ha solicitado formalmente al Ministerio del Interior la incorporación de pistolas eléctricas táser para los agentes que trabajan en las Áreas de Custodia de Detenidos. Esta petición se fundamenta en la necesidad de contar con un recurso intermedio que mejore la seguridad durante intervenciones potencialmente peligrosas dentro de las dependencias policiales. El sindicato argumenta que su uso podría garantizar la protección tanto de los agentes como de los propios detenidos.
En un comunicado, la UFP resalta que “la dotación de táser es necesaria para garantizar la protección de todos los implicados”. Sin embargo, el uso de estos dispositivos en España está sujeto a estrictas regulaciones. Actualmente, su utilización se limita a ciertas unidades y requiere formación específica, conforme a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Regulaciones y debates sobre el uso de táser
La propuesta de extender el uso de pistolas táser a las áreas de custodia plantea importantes interrogantes sobre la proporcionalidad de su empleo, el control judicial y los posibles efectos sobre los derechos fundamentales de los detenidos. Este debate no es nuevo; diversas asociaciones de policías locales han reclamado durante años la incorporación de dispositivos táser, logrando en algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, la autorización de su uso bajo condiciones específicas.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos han expresado sus preocupaciones sobre los riesgos que conlleva el uso de estas armas en entornos cerrados y contra personas vulnerables. En este sentido, la petición de la UFP vuelve a poner sobre la mesa la cuestión del armamento no letal en las dependencias policiales, en un contexto marcado por un aumento de la atención hacia los protocolos de actuación durante la custodia.
El futuro de la propuesta
La iniciativa de la UFP surge en un momento de creciente tensión en las calabozos y centros de detención, donde se han registrado episodios problemáticos en los últimos tiempos. Ahora, la decisión sobre la viabilidad técnica, legal y presupuestaria de esta medida recae en el Ministerio del Interior, que deberá evaluar la pertinencia de implementar el uso de pistolas táser en estos ámbitos.
A medida que la discusión avanza, el anuncio de la UFP ha reabierto un debate que divide a sindicatos, expertos en seguridad y defensores de derechos humanos, quienes continúan analizando las implicaciones de esta propuesta en la práctica policial y en la protección de los derechos de los detenidos.
