La cuestión de la oficialidad del catalán, del euskera y del gallego en la Unión Europea se discute en Bruselas, pero no se llevará a cabo una votación, como se había previsto inicialmente. La decisión se debe a que varios ministros de Exteriores han expresado dudas legales y presupuestarias al inicio de la reunión del Consejo de Asuntos Generales, el órgano encargado de tratar este asunto.
Marie Bjerre, jefa de la diplomacia de Dinamarca y presidenta del Consejo este semestre, ha indicado que no contempla la posibilidad de una votación durante esta jornada. «España quiere poner el caso de las lenguas en la agenda de nuevo y como presidencia vamos a facilitar el debate», declaró Bjerre. Sin embargo, ha reconocido que persisten «muchas dudas planteadas por parte de los Estados miembros», lo que imposibilita la votación.
Desde el ámbito diplomático español, se subraya que no se esperaba que la cuestión se sometiera a votación. Aunque en el orden del día se incluía la votación sobre este tema como uno de los puntos principales, junto al presupuesto comunitario, también se hizo constar que la votación no era previsible. Un asterisco indicaba la posibilidad de solicitarla, pero las fuentes diplomáticas afirmaron que no se daría ese paso.
El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, se ha mostrado crítico con los países que continúan bloqueando el avance en este tema. «No se puede secuestrar o atrasar los debates innecesariamente», afirmó Sampedro en declaraciones a la prensa. Además, varios Estados han solicitado una declaración de impacto sobre el asunto.
La Comisión Europea presentó previamente su estimación del coste asociado a la oficialidad de estas lenguas, calculando que podría ascender a aproximadamente 132 millones de euros al año. Sampedro ha señalado que no declarar la oficialidad de estas lenguas sería un acto discriminatorio, recordando que desde hace más de 20 años los representantes pueden usarlas en el Consejo o en el Comité de las Regiones. Recientemente, también se aprobó su uso en el Comité Económico y Social.
La situación actual refleja las tensiones internas de la UE sobre este tema lingüístico, que a pesar de su relevancia cultural y social sigue enfrentando obstáculos significativos en el ámbito político. La falta de unanimidad entre los Estados miembros se erige como el principal desafío para avanzar en la oficialidad de estas lenguas, lo que podría tener un impacto considerable en la diversidad lingüística de la Unión.
