La Comisión Internacional de la ONU ha emitido un contundente informe que acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza, tras un exhaustivo análisis de los hechos ocurridos entre el 7 de octubre de 2023 y el 31 de julio de 2025. La investigación, que ha durado varios meses, concluye que las acciones de las fuerzas israelíes cumplen con cuatro de los cinco criterios establecidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Actos genocidas documentados
El informe detalla una serie de actos que, según la Comisión, constituyen genocidio, incluyendo asesinatos, lesiones graves a la integridad física y mental de los palestinos, y la imposición deliberada de condiciones de vida que amenazan la supervivencia del grupo palestino. También se señala que Israel ha adoptado medidas para impedir la natalidad entre los palestinos, lo que evidencia una clara intención de destruir a este colectivo en Gaza.
Las pruebas presentadas incluyen operaciones militares masivas, la implementación de un bloqueo total que ha desencadenado una grave crisis de hambruna, así como la destrucción sistemática de infraestructuras sanitarias y educativas. Además, se documenta violencia sexual y de género, ataques directos contra niños y la profanación de lugares religiosos y culturales, todo ello en violación de órdenes de la Corte Internacional de Justicia.
Responsabilidad de las autoridades israelíes
La presidenta de la Comisión, Navi Pillay, ha señalado que la responsabilidad por estos actos recae en las más altas esferas del gobierno israelí, incluyendo al presidente Isaac Herzog, al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ex ministro de Defensa Yoav Gallant. Pillay ha subrayado que estos líderes han incitado y orquestado esta campaña genocida, y ha criticado la falta de investigación y sanción por parte de las autoridades israelíes, lo que favorece la impunidad.
«La única conclusión razonable es que existe una intención genocida», afirmó Pillay.
La Comisión ha hecho un llamado urgente a Israel para que cese inmediatamente las acciones genocidas, levantando el asedio y permitiendo el acceso irrestricto a la ayuda humanitaria. También ha instado a la comunidad internacional a cumplir con sus obligaciones legales para frenar esta campaña, lo que incluye detener la transferencia de armas y equipos militares a Israel, así como abrir investigaciones contra aquellos que participen en estos crímenes.
Pillay concluyó advirtiendo que «la inacción frente a pruebas claras de genocidio equivale a complicidad» y ha instado a la comunidad global a no permanecer en silencio ante esta crisis humanitaria y política.
