La creciente preocupación por el riesgo de incendios en España se ve exacerbada por la falta de agricultores y ganaderos en el territorio. Según múltiples especialistas, su presencia es fundamental para prevenir estos desastres naturales, ya que el ganado actúa como «la mejor segadora» y los campos cultivados funcionan como cortafuegos naturales que impiden la expansión del fuego hacia áreas habitadas. En palabras de Víctor Resco de Dios, catedrático de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida, “con campos de cultivo es la forma más efectiva de tener espacios urbanos seguros”.
Sin embargo, el sector agrario ha denunciado que la legislación actual, en particular algunas políticas medioambientales europeas, limita estas actividades preventivas. La Política Agraria Común (PAC) exige mantener un porcentaje del terreno sin labrar, lo que, según los agricultores, incrementa la acumulación de material inflamable. Además, la recuperación de un campo abandonado requiere una evaluación de impacto ambiental, un proceso que desincentiva la reactivación de parcelas, según los afectados.
Impacto de la gestión de áreas protegidas
Los productores y técnicos forestales argumentan que estas regulaciones generan el efecto contrario al deseado, aumentando la superficie disponible para arder. Otra crítica recurrente se centra en la gestión de las zonas declaradas protegidas. Aunque su objetivo es salvaguardar la biodiversidad, en muchas de estas áreas la actividad humana está prácticamente prohibida, lo que dificulta el mantenimiento del terreno.
Datos recientes indican que, aunque las áreas protegidas ocupan el 38% de la superficie forestal, concentran el 55% del área quemada. Esta alarmante cifra pone de manifiesto la ineficacia de la gestión actual en la prevención de incendios. La situación se agrava aún más por la despoblación rural, que reduce las labores de limpieza, cultivo y pastoreo en el monte, dejando el campo en un estado propenso a incendios.
La combinación de una legislación restrictiva y el abandono rural se presenta así como un cóctel peligroso que amenaza la seguridad de numerosas localidades en España. Es crucial replantear las políticas actuales para fomentar la actividad agraria y ganadera, ya que su contribución es indispensable para la conservación del medio ambiente y la protección de las poblaciones.
