La jueza Rocío Pilar Vargas, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca, ha dictado una orden de ejecución definitiva que obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a devolver las pinturas murales del Monasterio de Sijena en un plazo de siete meses. Según ha informado la agencia EFE, la magistrada establece que, si el MNAC no puede cumplir con este plazo en diez días, deberá presentar un cronograma alternativo que será evaluado judicialmente.
Un conflicto patrimonial de larga data
La sentencia de la Sala de lo Civil no solo implica la restitución de las obras, sino que también pone de relieve la compleja disputa patrimonial entre Aragón y Cataluña. Las pinturas murales, que fueron retiradas del monasterio al inicio de la Guerra Civil, deben ser devueltas a la sala capitular del Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca), de donde fueron extraídas.
Las obras fueron desmanteladas en condiciones precarias por el funcionario de la Generalitat catalana, José Gudiol. Este conflicto, que ha sido uno de los más relevantes en el ámbito del patrimonio artístico en España, tiene sus raíces en los acontecimientos acaecidos en la Guerra Civil, cuando el monasterio fue incendiado y muchas obras de arte, así como objetos litúrgicos, fueron trasladados para su conservación.
La historia detrás de las pinturas
En los años 60, se inició la reconstrucción del monasterio. Sin embargo, en 1970, las monjas de la Orden de Malta, que eran las custodias del conjunto, se trasladaron a un convento en Valldoreix (Barcelona), llevándose consigo numerosas piezas de gran valor artístico. Estas obras fueron depositadas en el MNAC y el Museo Diocesano de Lleida, dado que en ese momento Sijena formaba parte de la diócesis de Lleida.
Durante las décadas de 1980 y 1990, las religiosas vendieron un total de 97 obras a la Generalitat de Cataluña por un total de 450.795 euros (75 millones de pesetas). La compraventa más controvertida se produjo en 1983, cuando se vendieron 44 piezas al museo de Lérida, entre las que se incluían tres sepulcros de prioras, tablas policromadas del siglo XVIII, pinturas sobre tela de la misma época y altorrelieves de alabastro del siglo XVI.
La reciente decisión judicial representa un paso significativo en la resolución de este prolongado conflicto y refuerza la importancia del patrimonio cultural en la sociedad española, donde la historia y el arte convergen en cuestiones de identidad y pertenencia.
