Una jueza federal de Estados Unidos ha dictado una resolución definitiva que prohíbe al presidente Donald Trump desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland, Oregón. La magistrada Karin Immergut, designada durante el mandato de Trump, determinó que esta acción vulneraba la autonomía de los gobiernos estatal y municipal al ordenar el envío de fuerzas federales sin su consentimiento. La decisión pone fin a un prolongado conflicto sobre los límites del poder presidencial.
El fallo, emitido el 8 de noviembre de 2025, concluye que el despliegue de tropas en Portland durante el verano de 2020, en medio de protestas, excedió las competencias del presidente. Durante las audiencias, la abogada de la ciudad, Caroline Turco, enfatizó que el caso no solo trataba de un conflicto administrativo, sino de un principio esencial: “Este caso trata sobre si somos una nación de leyes constitucionales o de ley marcial”.
El contexto del conflicto
Immergut ya había emitido previamente dos órdenes temporales que limitaban la capacidad del Gobierno federal para intervenir en el estado. Una de estas órdenes impedía el despliegue de la Guardia Nacional de Oregón y la otra prohibía el envío de efectivos desde otros estados, como Texas o California. Con la resolución definitiva, estas restricciones se convierten en permanentes.
A pesar de este fallo, la Casa Blanca ha anunciado su intención de recurrir la sentencia, lo que podría llevar el caso hasta el Tribunal Supremo. El Ejecutivo defendió que las medidas buscaban “proteger activos y personal federal” tras los disturbios ocurridos durante las manifestaciones. Sin embargo, las autoridades locales insistieron en que la violencia fue puntual y que la policía de Portland había mantenido el orden sin necesidad de intervención externa.
Las implicaciones del despliegue federal
Desde agosto de 2020, Trump ordenó el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional y cientos de agentes federales en diversas ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago, Portland y Seattle, argumentando la necesidad de combatir un “crimen fuera de control”. Estas operaciones se centraron no solo en la contención de protestas, sino también en redadas contra migrantes indocumentados y en la protección de edificios federales, lo que generó un fuerte rechazo social y político.
Los críticos de estas acciones consideraron que la estrategia respondía más a un cálculo político que a una necesidad de seguridad nacional, interpretando los despliegues como una demostración de fuerza destinada a reforzar la imagen de autoridad del presidente en un año electoral. Este contexto ha intensificado el debate sobre el uso del poder ejecutivo y sus límites.
La resolución de la jueza Immergut se presenta como un hito en la discusión sobre el alcance del poder presidencial y la autonomía estatal, estableciendo un precedente que podría influir en futuras decisiones sobre la movilización de fuerzas federales en el país.
