La investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunta malversación en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa, se encuentra en un punto crítico. Tanto la Fiscalía como las defensas han solicitado al juez Juan Carlos Peinado que archive la causa, argumentando que los hechos no constituyen delito.
En la comparecencia celebrada el pasado sábado, el Ministerio Público y los abogados de Gómez, Álvarez y Francisco Martín Aguirre —delegado del Gobierno en Madrid y también investigado— coincidieron en que no existen indicios suficientes para continuar con el proceso. Todos ellos reclamaron el archivo de la pieza separada que se abrió hace seis meses.
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Sin embargo, el juez Peinado ha decidido que, en caso de que se continúe con la causa, el procedimiento se dirima ante un jurado popular, en lugar de un tribunal de jueces. A pesar de esta decisión, ni Gómez ni los otros investigados acudieron al juzgado, delegando su representación en sus letrados. La ausencia de los acusados fue justificada por las defensas, quienes se apoyaron en una circular de la Fiscalía de 1995. Esta circular establece que en este tipo de vistas no es obligatoria la presencia física de los acusados, ya que solo se trata de concretar los términos de la imputación.
El abogado de Gómez insistió ante los medios que no había obligación legal de que su defendida se presentara ante el juez ni tampoco de notificar su ausencia previamente. Además, subrayó que la petición de archivo se fundamenta en la falta de indicios de delito en los hechos investigados.
Las acusaciones populares, encabezadas por la organización Hazte Oír, han solicitado que se cite nuevamente a declarar a Pedro Sánchez y a Félix Bolaños. Están convencidos de que sus testimonios pueden aportar claridad sobre el nombramiento de Álvarez y sobre las funciones desempeñadas en relación con Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
La causa, que lleva medio año abierta, busca esclarecer si hubo un desvío de fondos públicos en la designación de Álvarez como asesora de Moncloa y si parte de su trabajo estuvo vinculado a actividades privadas que beneficiaron a la esposa del presidente del Gobierno.
