La Corte Suprema de Justicia de Brasil ha dictado una orden de arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro debido al incumplimiento de medidas cautelares impuestas en el contexto de su juicio por golpismo. Esta decisión se produce en medio de la creciente tensión política en el país, donde Bolsonaro enfrenta acusaciones graves por su papel en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
El magistrado que dictó la sentencia argumentó que Bolsonaro violó las restricciones que le prohibían enviar mensajes a través de redes sociales, ya fuera por sus propias cuentas o mediante las de terceros, y que debía estar bajo vigilancia con una tobillera electrónica. Además, se le había ordenado permanecer en su residencia durante las noches y fines de semana. “No hay duda de que hubo un incumplimiento de la medida cautelar”, afirmó el juez, subrayando la necesidad de adoptar medidas más drásticas para evitar la reiteración delictiva por parte del exmandatario.
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La decisión de arresto domiciliario se enmarca dentro del proceso judicial que acusa a Bolsonaro de liderar un complot para obstruir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022. La Fiscalía brasileña ha indicado que Bolsonaro alentó la insurrección y ha solicitado la máxima responsabilidad penal en su contra.
A pesar de estas acusaciones, la defensa de Bolsonaro ha negado cualquier incumplimiento de las restricciones impuestas, afirmando que el expresidente simplemente se limitó a saludar durante una videollamada en un evento organizado por sus partidarios. Sus abogados argumentan que no había ninguna prohibición específica que le impidiera conceder entrevistas o pronunciar discursos en eventos públicos, y que Bolsonaro ha seguido “rigurosamente” las órdenes del tribunal.
El Partido de los Trabajadores (PT), que apoya a Lula da Silva, ha respaldado la legalidad de la prisión domiciliaria, señalando que el Poder Judicial tiene la prerrogativa de aumentar las penalidades si se incumplen las órdenes. “Si existe una orden del Supremo y esta es incumplida, es evidente que el Poder Judicial tiene la prerrogativa de aumentar la penalidad propuesta”, publicó el partido en sus redes sociales.
Este nuevo giro en el caso de Bolsonaro plantea un escenario complicado en la política brasileña, donde las divisiones entre los seguidores de Bolsonaro y el gobierno de Lula da Silva continúan marcando el pulso de la nación. La próxima fase del juicio y las acciones legales de la defensa se espera que generen un intenso debate y seguimiento mediático en el país.
