La Audiencia Nacional ha dado inicio este lunes 24 de noviembre de 2023 al juicio del conocido ‘caso Pujol’, un proceso judicial que se ha hecho esperar durante trece años y que tiene un profundo impacto político e histórico en Cataluña. Este juicio se desarrolla en un contexto de incertidumbre respecto al estado de salud del expresidente Jordi Pujol, quien a sus 95 años presenta un “deterioro cognitivo moderado”, según los forenses que lo evaluaron la semana pasada, lo que podría dificultar su participación y defensa en el tribunal.
La defensa de Pujol ha solicitado el archivo de la causa, pero la Audiencia Nacional ha decidido citarlo a declarar por videoconferencia al inicio del juicio para evaluar su situación personalmente. El expresidente, que recientemente recibió el alta médica tras ser hospitalizado por una neumonía, ha padecido dos ictus en el pasado, lo que añade más complejidad a su caso.
Los orígenes del ‘caso Pujol’
La investigación que ha llevado al juicio se inició en 2012, tras la denuncia de Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, quien alertó sobre movimientos de grandes cantidades de dinero y cuentas en Andorra vinculadas a su expareja. En 2014, Jordi Pujol admitió públicamente la existencia de una fortuna no declarada en el extranjero, supuestamente procedente de una herencia familiar, aunque no se halló ninguna prueba que confirmara dicha herencia.
La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) estimó que la familia Pujol habría obtenido ingresos irregulares por un total de 290 millones de euros. Según la Fiscalía, la familia operó durante décadas como una estructura organizada que obtenía comisiones ilegales a cambio de favores políticos, ocultando fondos en el extranjero y blanqueándolos a través de sociedades pantalla sin actividad real.
Las penas solicitadas y el desarrollo del juicio
El instructor del caso, José de la Mata, ha indicado que los pagos ilegales estarían relacionados con adjudicaciones y recalificaciones durante los gobiernos de Pujol, que se extendieron desde 1980 hasta 2003. Para la Fiscalía, Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, quien falleció en 2024 tras ser exonerada por demencia, lideraban la presunta trama delictiva.
Las penas solicitadas son significativas: la Fiscalía pide 9 años de prisión para Jordi Pujol por asociación ilícita y blanqueo, mientras que para Jordi Pujol Ferrusola la solicitud asciende a 29 años por múltiples delitos, incluyendo falsedad y frustración de la ejecución. Otros miembros de la familia, como Mercè Gironès y Josep Pujol Ferrusola, también enfrentan penas que van de 14 a 17 años, mientras que se han solicitado 8 años para otros cinco miembros de la familia.
El macrojuicio se prevé que dure casi seis meses, con un total de 42 sesiones y más de 250 testigos, incluyendo banqueros de Andbank y BPA, exconsellers del Govern y la propia denunciante, Victoria Álvarez. La sentencia de este caso no solo determinará el futuro judicial de la familia Pujol, sino que también dejará una huella en la política catalana tras más de dos décadas de influencia.
