La Administración Trump ha lanzado una ofensiva contra las organizaciones CodePink y People»s Forum, acusándolas de mantener lazos con el Partido Comunista Chino. Este ataque forma parte de una estrategia más amplia del Departamento de Estado, que busca deslegitimar a aquellas voces que se oponen a sus políticas, especialmente en el contexto de la reciente muerte del reverendo Jesse Jackson, un reconocido activista por los derechos civiles.
Según un artículo del New York Post, el Departamento de Estado ha identificado a CodePink y otros grupos de izquierda como «vectores de operaciones de influencia china». Esta acusación no es nueva, ya que desde el inicio del mandato de Trump, la retórica contra el activismo por los derechos humanos ha aumentado considerablemente.
Un hecho significativo que conecta a Jesse Jackson con CodePink ocurrió en mayo de 2019, cuando el reverendo llevó alimentos a activistas que ocupaban la embajada de Venezuela en Washington D.C. Esta ocupación tenía como objetivo impedir que Estados Unidos entregara la legación diplomática al equipo de Juan Guaidó, autoproclamado presidente del país sudamericano.
La subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública de EE. UU., Sarah Rogers, fue citada diciendo que organizaciones como CodePink «denigran a Estados Unidos» y «encubren la violencia de los regímenes marxistas». Sin embargo, no se han presentado pruebas que respalden estas afirmaciones. La Administración Trump ha recurrido a acusaciones sin fundamento, como la afirmación de que CodePink recibe financiación de fuentes vinculadas al Partido Comunista Chino.
Las declaraciones del Departamento de Estado incluyen un ataque directo, afirmando que CodePink «encubre a narcoterroristas como Maduro». Sin embargo, esta acusación se basa en un contexto en el que el propio Trump ha hecho elogios a líderes chinos, lo que plantea dudas sobre la coherencia de su discurso.
Medea Benjamin, cofundadora de CodePink, ha rechazado estas alegaciones, describiéndolas como absurdas y sin fundamento. Según ella, las organizaciones están siendo perseguidas por oponerse al apoyo de EE. UU. a Israel y por criticar las políticas de intervención en América Latina.
Por su parte, el People»s Forum ha emitido un comunicado en respuesta a las acusaciones, calificándolas de tácticas macartistas destinadas a silenciar la crítica legítima al gobierno. En su declaración, afirman que seguirán defendiendo los derechos de los inmigrantes y criticando las intervenciones militares de EE. UU. en el extranjero.
Este ataque a las organizaciones de derechos humanos refleja una tendencia preocupante en la política estadounidense, donde las voces disidentes son constantemente atacadas y deslegitimadas en un intento por mantener el control narrativo.
