Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, vuelve a comparecer este jueves ante el Tribunal Supremo. Esta será su cuarta declaración ante el instructor, el juez Leopoldo Puente, en una jornada que incluye un interrogatorio y la revisión de las medidas cautelares impuestas desde febrero.
El magistrado busca aclarar el origen de 95.437 euros relacionados con gastos del exministro, que según informes policiales “generalmente pagaba él y su exmujer”. Esta cifra se cruza con otra línea de investigación que indaga en ingresos en efectivo y pagos en metálico del PSOE “sin respaldo documental”. El instructor ha relacionado estos extremos con un presunto “lenguaje en clave” detectado por la UCO, que incluye términos como “chistorras” (billetes de 500 €), “soles” (200 €) y “lechugas” (100 €).
Vínculos patrimoniales con Ábalos
En el último auto conocido, el magistrado destacó la “existencia de muy estrechos vínculos” entre los patrimonios de Ábalos y García, hasta el punto de que este último “ha venido asumiendo con su propio patrimonio gastos de Ábalos”. Esta conclusión, extraída de un informe de la UCO, es clave para que el Supremo escuche explicaciones adicionales antes de decidir si mantiene o endurece las cautelares.
La comparecencia de García se produce un día después de que el juez mantuviera la libertad de José Luis Ábalos bajo las mismas medidas cautelares. Puente subrayó que los indicios se han reforzado con los informes policiales recientes, y que los movimientos de efectivo y la opacidad detectada merecen nueva verificación en sede judicial.
La estrategia de la defensa
La defensa de Koldo García ha solicitado anular parte de la causa, argumentando que el instructor está abordando hechos no amparados por el suplicatorio concedido por el Congreso para proceder contra Ábalos. Recuerda que el origen del procedimiento, que nació en la Audiencia Nacional, se basó en presuntas adjudicaciones irregulares de contratos sanitarios. Sin embargo, el caso se ha fragmentado en varias piezas al surgir líneas sobre supuestos amaños de obra pública.
Si García opta por declarar o guarda silencio, el foco está en si el Supremo decide mantener, modificar o agravar las medidas cautelares. La situación se mantiene bajo estrecha vigilancia, reflejando la complejidad de un caso que sigue evolucionando ante el sistema judicial español.
