El pasado martes, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo el cierre de un centro de acopio en Villa del Parque, situado en la calle Bonpland 1660, afectando a más de cien trabajadores que dependían de esta instalación para su sustento. Este centro es utilizado por una cooperativa de recuperadores urbanos, quienes se han visto repentinamente despojados de sus herramientas de trabajo y, en consecuencia, de su medio de vida.
La acción policial, enmarcada dentro de la gestión del Jefe de Gobierno Jorge Macri, ha sido interpretada como una medida más en su política de erradicación de espacios asociados a la pobreza. Los trabajadores presentes en el lugar denunciaron que, a pesar de sus intentos de acceder al predio, la Policía les impidió el paso, argumentando que la instalación se estaba usando inapropiadamente, lo cual fue negado por los propios afectados.
Reacciones de los trabajadores y la comunidad
Los trabajadores se manifestaron en la puerta del centro, expresando su descontento y preocupación por la falta de alternativas laborales. En este contexto, los vecinos de la zona también se acercaron al lugar, apoyando a los afectados y desmintiendo las acusaciones de que el predio se utilizaba para fines inadecuados, como dormir. La comunidad ha mostrado su solidaridad, evidenciando que, lejos de ser un problema, el centro de reciclaje era una solución para muchos en la zona.
Este predio, cedido en 2017 por San Martín de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), se ha convertido en un punto crucial para la economía informal de numerosos trabajadores. La semana pasada, el gobierno también había cerrado otro centro en el barrio de Palermo, lo que indica una tendencia preocupante en la política de la administración actual frente a las cooperativas de recicladores.
Implicaciones de la medida
El cierre de este centro no solo afecta a los trabajadores directamente involucrados, sino que también plantea interrogantes sobre la política social del gobierno de la Ciudad. Las acciones de Jorge Macri han sido criticadas por diversos sectores, que consideran que estas medidas son parte de un enfoque más amplio que desatiende la realidad de la pobreza y la necesidad de crear alternativas laborales sostenibles para los ciudadanos más vulnerables.
La situación pone de manifiesto la lucha entre la administración pública y aquellos que intentan sobrevivir en un contexto económico difícil, lo que genera una creciente tensión social en la capital argentina. La falta de diálogo y alternativas viables para los trabajadores resalta la necesidad de una reflexión profunda sobre cómo abordar la problemática de la pobreza y el trabajo informal en la ciudad.
