El Gobierno de Israel ha tomado la decisión de declarar amplias áreas de Cisjordania como «propiedad del Estado», un movimiento sin precedentes desde el inicio de la ocupación en 1967. Esta medida, presentada por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Defensa, Israel Katz, ha generado una rápida condena por parte de la Autoridad Palestina, que la interpreta como una anexión «de facto» del territorio.
Según la radiotelevisión pública israelí KAN, el Ejecutivo justificó esta decisión como un intento de regular las explotaciones agrícolas y aclarar el estatus administrativo de zonas ocupadas que habían quedado estancadas debido a la complejidad burocrática durante décadas.
La medida afecta a la Zona C, que permanece bajo control administrativo y de seguridad exclusivo israelí según los Acuerdos de Oslo. Katz afirmó que esta es una «importante medida de seguridad y administrativa» destinada a asegurar el control y la aplicación de la ley en la región. Smotrich, por su parte, celebró el avance de lo que describió como una «revolución en la política de asentamientos y el control sobre todo nuestro país».
La respuesta palestina fue contundente. El presidente palestino, Mahmud Abbas, calificó la declaración como una «anexión de facto» y una «peligrosa escalada», subrayando que esta acción constituye una grave violación del derecho internacional. En un comunicado emitido por la agencia oficial WAFA, se reiteró que las decisiones unilaterales de Israel no otorgarán legitimidad a la ocupación, afirmando que Cisjordania, así como Jerusalén Este y la Franja de Gaza, son considerados territorio palestino ocupado según el derecho internacional.
La reacción de la comunidad internacional también ha sido significativa. El Gobierno de Jordania ha denunciado lo que considera una «soberanía israelí ilegítima» que exacerbará la expansión de los asentamientos, perjudicando así la solución de los dos Estados y el derecho palestino a un Estado independiente. En la misma línea, Turquía ha condenado la medida por considerar que fomenta la anexión ilegal, mientras que Qatar ha criticado la conversión de tierras en propiedad estatal, argumentando que priva al pueblo palestino de sus derechos y pidiendo solidaridad internacional para contrarrestar esta medida.
Esta decisión de Israel reaviva el debate internacional sobre el estatus jurídico de Cisjordania ocupada, en un contexto de creciente tensión diplomática y política en la región.
