El parlamento del Estado de Israel ha dado un paso decisivo hacia un régimen de censura estatal al aprobar en primera lectura una ley que otorga al gobierno la facultad de clausurar medios extranjeros y bloquear sus transmisiones sin control judicial. Esta medida, conocida como la “Ley Al Jazeera”, se suma a otras legislaciones que profundizan la represión sobre la información y los derechos humanos en el contexto del conflicto con Palestina.
Una ley que consolida la censura
La Knéset, el parlamento unicameral israelí, aprobó el pasado 15 de octubre de 2023 esta ley con 50 votos a favor y 41 en contra, según The Times of Israel. La normativa convierte en permanente la facultad temporal que tenía el gobierno para cerrar medios extranjeros, sin necesidad de una declaración de estado de emergencia ni de autorización judicial. Esto implica que el ministro de Comunicaciones podrá decidir, de forma casi arbitraria, qué medios pueden operar y cuáles no, consolidando así un sistema de censura que amenaza la libertad de prensa.
Además, la ley permite al Ministerio de Defensa cortar señales satelitales para impedir las transmisiones desde el extranjero, configurando un mecanismo legal para un apagón informativo total. Este tipo de medidas ha sido utilizado anteriormente para cerrar operaciones de medios como Al Jazeera en Israel y confiscar equipos de otras organizaciones periodísticas como Associated Press.
Violaciones a los derechos humanos
La aprobación de esta ley se da en un contexto alarmante, donde han surgido nuevos testimonios sobre torturas y violaciones de derechos humanos en las cárceles israelíes. Más de 10 000 prisioneros palestinos, incluyendo mujeres y niños, se encuentran actualmente detenidos. Videos recientes han revelado escenas de torturas y abusos sistemáticos, lo que ha llevado a organizaciones como Al Jazeera y la Asociación para los Derechos Civiles en Israel a protestar contra estas medidas, considerándolas inconstitucionales y una violación de la libertad de expresión.
El Tribunal de Distrito de Tel Aviv, sin embargo, ha respaldado la medida, argumentando que algunos reporteros de Al Jazeera en Gaza se han convertido en «asistentes y socios de facto de la organización terrorista Hamas». Este razonamiento se utiliza para justificar la represión de la prensa que intenta cubrir la situación en Palestina.
Simultáneamente, la Knéset ha dado media sanción a otro proyecto de ley respaldado por el ultraderechista ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que establece la pena de muerte para aquellos que asesinen a israelíes, en un contexto que apunta directamente a prisioneros palestinos. La legislación, que recibió 39 votos a favor y 16 en contra, está diseñada de tal manera que podría aplicarse principalmente a palestinos acusados de crímenes motivados por el racismo o la hostilidad contra el Estado de Israel.
La situación en Gaza se complica aún más con la reciente eliminación de más de 700 videos en YouTube que documentaban crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes. Estos actos son parte de un esfuerzo más amplio del Estado de Israel para silenciar a quienes exponen la realidad del conflicto y los abusos sistemáticos que se cometen contra el pueblo palestino.
Israel, que se presenta como un bastión de la democracia en Oriente Medio, está consolidando un sistema donde unos pocos funcionarios deciden quién puede informar y quién puede vivir. Con el crecimiento de la solidaridad global con Palestina, se intensifica la necesidad de Israel de controlar la narrativa y silenciar cualquier voz crítica.
La cuestión palestina se ha convertido en un punto crucial de la lucha de clases internacional. En un momento en que la presión desde diferentes sectores de la sociedad civil aumenta, es fundamental que la comunidad internacional mantenga su atención en los derechos humanos y la libertad de expresión en la región.
