El Gobierno de Israel ha implementado nuevas medidas que expanden su control sobre el territorio palestino de Cisjordania, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional. Estas decisiones son vistas como un paso hacia la anexión de facto de ciertas áreas de este territorio, el cual ocupa desde 1967.
Las medidas, aprobadas recientemente, derogaron una ley de 1953 que impedía a los judíos adquirir tierras en Cisjordania. Esto permitirá la creación de gobiernos locales para colonos y facilitará la compra de propiedades en la región. Según Eitan Diamond, experto del Centro Internacional de Derecho Humanitario, estas acciones no solo comprometen el bienestar de los palestinos, obligándolos a abandonar sus tierras, sino que también carecen de justificación en términos de seguridad israelí.
Las nuevas regulaciones contradicen los Acuerdos de Oslo y consolidan la ocupación israelí, permitiendo a los judíos comprar tierras en Cisjordania y abriendo registros de propiedad. Este tipo de acciones, según Diamond, contraviene las normas del derecho internacional, que establecen que la ocupación debe ser temporal y en beneficio de la población civil local.
La presencia israelí en Cisjordania fue declarada ilegal por la Corte Internacional de Justicia en 2024, respaldando una resolución de la Asamblea General de la ONU que exigía la retirada israelí de los territorios ocupados. Sin embargo, las recientes medidas parecen perpetuar esta ocupación, transfiriendo competencias de la Autoridad Palestina a la Administración Civil israelí.
La Autoridad Palestina ha denunciado que estas medidas representan un intento de anexar el territorio, mientras que Jordania ha alertado sobre la intención de Israel de imponer su soberanía sobre Cisjordania. La Unión Europea también ha manifestado su preocupación, afirmando que estas acciones violan el derecho internacional.
En defensa de estas decisiones, Eugene Kontorovich, director del Centro para Oriente Medio de la Facultad de Derecho George Mason, argumenta que Israel tiene derecho a derogar la legislación jordana, considerando a Cisjordania como un «territorio en disputa». Este debate se intensifica en un contexto donde se ha discutido en el Parlamento israelí un proyecto para anexar formalmente Cisjordania.
A pesar de las críticas internacionales, el gabinete israelí ha aprobado estas medidas sin necesidad de pasar por el Parlamento, lo que podría facilitar su implementación antes de las elecciones nacionales previstas para octubre de 2026.
