Las recientes lluvias torrenciales en el norte de Marruecos han causado estragos, representando un desafío sin precedentes para el Estado. Estas precipitaciones no solo son un fenómeno meteorológico, sino que han desencadenado un impacto hidrográfico excepcional que ha afectado a áreas productivas, cuencas fluviales y a miles de personas.
Desde el inicio de la temporada de lluvias, las cifras de precipitación han superado ampliamente los promedios climáticos, con más de 1.500 milímetros en Tánger desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026. En varias cuencas, como las del Loukkos y el Sebou, los suelos se han saturado, llevando a inundaciones significativas. En este contexto, dos tormentas en febrero intensificaron la crisis al liberar en pocos días lo que normalmente correspondería a varios meses de lluvia.
Las presas, especialmente las de Oued El Makhazine y Al Wahda, alcanzaron niveles críticos, lo que obligó a realizar descargas controladas para prevenir roturas. Las consecuencias fueron devastadoras, con ciudades como Ksar El Kébir y Sidi Kacem parcialmente sumergidas debido a la incapacidad del río Sebou para manejar los flujos de agua. Este fenómeno no se limitó a una inundación puntual, sino que evidenció una disfunción sistémica en la gestión del territorio.
La magnitud del desastre humano fue notable. Las autoridades llevaron a cabo evacuaciones preventivas que afectaron a entre 140.000 y 190.000 personas, priorizando a las familias más vulnerables. Más de 110.000 hectáreas de tierras agrícolas quedaron bajo agua, interrumpiendo la producción de cereales y hortalizas, además de cortar carreteras y afectar servicios básicos como el agua potable y la electricidad.
Frente a esta crisis, la respuesta institucional fue rápida y coordinada. Se declararon zonas catastróficas, lo que activó mecanismos legales y financieros para la gestión de desastres. Por orden real, se movilizaron las Fuerzas Armadas Reales, que jugaron un papel crucial en la logística, la ingeniería civil y el apoyo sanitario. La protección civil y las autoridades territoriales trabajaron en un marco integrado para asegurar evacuaciones, rescates y distribución de ayuda.
Se establecieron campamentos temporales para acoger a decenas de miles de desplazados, garantizando acceso a agua, saneamiento y atención médica. A pesar de la magnitud de la crisis, el Estado mantuvo el control territorial, actuando con soberanía a través de la protección en lugar de la coerción. Se inició un plan nacional de socorro y reconstrucción, dotado de recursos significativos para rehabilitar infraestructuras y apoyar a los afectados.
Este episodio no solo evidencia la capacidad de respuesta del Estado, sino que también establece un nuevo paradigma de gobernanza en situaciones extremas. La respuesta marroquí se caracterizó por su coherencia y la anticipación en las evacuaciones antes de que se alcanzaran los niveles más críticos de inundación. La gestión de la crisis ha mostrado que, en situaciones de estrés climático, la soberanía se demuestra a través de la acción efectiva y la protección de la población.
En un contexto donde las catástrofes ya no son meros accidentes, el Estado marroquí ha demostrado su capacidad para anticipar y gestionar crisis de gran escala. Este modelo de gobernanza merece ser analizado y estudiado como un ejemplo de cómo abordar situaciones extremas de manera efectiva.
