El gobierno ha decretado un nuevo salario mínimo vital y móvil tras la falta de consenso entre sindicatos y empresarios, fijando el aumento en 376 000 pesos a partir de agosto de 2026, y 6 000 pesos desde noviembre de 2025. Esta decisión se ha tomado mediante la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, donde se establece que, tras las negociaciones sin acuerdo, se ve en la obligación de emitir un laudo sobre el tema.
En el marco de esta resolución, las propuestas de los actores involucrados fueron dispares. La CGT solicitó un salario mínimo de 512 000 pesos desde noviembre, con un incremento a 553 000 pesos en abril de 2026. Por su parte, la CTA Autónoma demandó un salario de 736 000 pesos desde ahora, mientras que los empresarios presentaron una propuesta de 326 000 pesos, considerada insuficiente por el gobierno, que decidió incrementarla en apenas 2 400 pesos.
Impacto en la clase trabajadora
Este nuevo salario mínimo tiene implicaciones directas en la vida de cientos de miles de trabajadores que dependen de él como base de su ingreso, a pesar de que muchos convenios colectivos superan esta cifra. Sin embargo, el impacto de la resolución se extiende más allá, afectando también a programas sociales como la Asignación Universal por Hijo y otros beneficios laborales que están actualmente congelados.
Según el Instituto CIFRA, el salario mínimo actual se sitúa en un nivel real 45,6% más bajo que en noviembre de 2019 y 58,4% menor que en noviembre de 2015. Estos datos evidencian que, a pesar de los incrementos, el salario mínimo no está alineado con el coste de vida, que para una familia tipo ha alcanzado los 1 213 800 pesos en la Canasta Básica Total.
Reacciones y propuestas alternativas
Las reacciones de los sindicatos han sido contundentes, denunciando la decisión del gobierno que consideran una provocación. Mientras tanto, los sectores más combativos, organizaciones sociales y la izquierda han comenzado a plantear alternativas, abogando por un salario que no esté por debajo de la canasta familiar y una reducción de la jornada laboral para generar empleo con derechos.
Las movilizaciones están programadas para el 19 y 20 de octubre de 2025, donde se espera que los trabajadores se organicen para protestar contra la reforma laboral y el plan económico del gobierno de Javier Milei, que ha sido criticado por su enfoque hacia la clase trabajadora.
