En un giro perturbador de los acontecimientos, las Fuerzas Armadas de Chile han sido sacudidas por la infiltración de redes criminales de narcotráfico. En la región de Tarapacá, siete miembros del Ejército fueron sorprendidos transportando 192 kilogramos de cocaína desde Bolivia. Apenas días después, cinco suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile intentaron mover cuatro kilos de ketamina a bordo de un avión institucional. Estos eventos han generado un intenso debate sobre el papel de las instituciones armadas y su relación con el crimen organizado.
La respuesta del gobierno, liderado por el presidente Gabriel Boric, ha sido criticada por su tardanza y ambigüedad, especialmente en el caso de la Fuerza Aérea, que inicialmente se negó a entregar la investigación a la justicia civil. A pesar de que las instituciones armadas fueron las primeras en detectar y sancionar a los involucrados, la percepción de desconfianza hacia las FF.AA. persiste, especialmente en sectores de la izquierda chilena.
Un contexto preocupante
La situación en Chile no es única. En Hispanoamérica, la cooptación de las Fuerzas Armadas por el narcotráfico ha sido un fenómeno recurrente. Por ejemplo, en México, la deserción de militares formados por el Estado dio lugar al surgimiento de Los Zetas, uno de los cárteles más violentos del continente. En Venezuela, el llamado «Cártel de los Soles» involucra a altos mandos de la Guardia Nacional en actividades de narcotráfico bajo protección estatal. En Colombia, la conexión entre oficiales del Ejército y grupos paramilitares ha sido ampliamente documentada.
Investigadores como Ioan Grillo y Robert Bunker han advertido sobre los peligros de militarizar la lucha contra las drogas sin controles institucionales sólidos, lo que puede llevar a una asimilación del crimen organizado dentro de las fuerzas armadas. Los casos de corrupción y descomposición institucional son comunes en estos contextos, donde la línea entre el poder legítimo y el criminal se desdibuja, creando lo que se ha denominado un «narco-Estado».
Un dilema para el futuro de Chile
Chile se enfrenta a un dilema crucial: puede optar por fortalecer su institucionalidad y profesionalizar su aparato de inteligencia, o puede seguir el camino de países como México y Venezuela, donde la retórica de desmilitarización coexiste con redes narcoestatales. Si las FF.AA. son dejadas de lado y despojadas de su misión, existe el peligro de que otros grupos se aprovechen de esta debilidad.
A pesar de que las encuestas indican que las Fuerzas Armadas y Carabineros mantienen un alto nivel de prestigio entre la ciudadanía, la incapacidad del Estado para mantener disciplina y rendición de cuentas puede erosionar rápidamente esta percepción. El desafío para Chile será garantizar que sus instituciones no se conviertan en un vehículo para el narcotráfico y que, en cambio, se mantengan como garantes de la ley y el orden.
En conclusión, la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas de Chile no solo representa un problema de seguridad, sino que plantea serias cuestiones sobre la dirección del Estado chileno y la necesidad urgente de reformas profundas para evitar que la delincuencia organizada se asiente en sus estructuras.