En los últimos tres meses, más de 80 personas han perdido la vida en el mar Caribe debido a los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de estar involucradas en el narcotráfico. Esta campaña de ataques, que ha suscitado una creciente preocupación internacional, es objeto de investigación por parte del Congreso estadounidense y ha sido calificada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una posible cadena de ejecuciones extrajudiciales.
El primer ataque se llevó a cabo el 2 de septiembre y fue anunciado por el Departamento de Guerra a través de redes sociales, mostrando una imagen en blanco y negro del momento de la explosión sobre el agua. El Gobierno justificó la operación alegando que las once personas a bordo de la lancha eran “narcoterroristas”, un argumento que fue suficiente para el entonces presidente Donald Trump para autorizar el bombardeo que acabó con la vida de todos los ocupantes.
Desde aquella fecha, las ofensivas se han repetido casi a diario, utilizando drones y misiles para atacar embarcaciones en el Caribe. Este modus operandi, que implica disparar sin previo aviso, ha sido criticado por diversas organizaciones, que argumentan que carece de justificación bajo el derecho internacional. Según la ONU, estos ataques no cumplen con los estándares legales que rigen las acciones militares.
Controversia y críticas en EE.UU.
La situación ha generado un profundo descontento entre la población estadounidense, que, según encuestas, exige explicaciones al Gobierno. La controversia aumentó cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue acusado de ordenar el ataque que resultó en la muerte de dos supervivientes que buscaban refugio en los restos de la embarcación atacada. En una entrevista, Tim Kaine, senador demócrata, advirtió que dichas órdenes podrían constituir crímenes de guerra.
Hegseth se defendió afirmando que no vio a ningún superviviente y que el ataque era parte de una acción militar compleja conocida como la “niebla de guerra”. Sin embargo, tanto él como Trump intentaron eludir la responsabilidad, dirigiéndola al almirante Frank M. Bradley, quien estaba al mando de la operación del 2 de septiembre. A pesar de sus intentos de distanciarse de la controversia, Trump inicialmente expresó su incomodidad con la muerte de los supervivientes, aunque posteriormente Hegseth compartió en sus redes sociales una imagen que ha sido interpretada como una burla.
Las implicaciones de la guerra contra el narcotráfico
La periodista venezolana Ronna Rísquez ha señalado que, aunque entiende la necesidad de combatir el narcotráfico, considera que los ataques indiscriminados son ilegales y constituyen una forma de pena de muerte de facto. Rísquez advierte que la designación de narcotraficantes como terroristas se ha utilizado de manera excesiva, lo que minimiza las acciones de verdaderos terroristas y potencia la violencia contra personas que, en muchos casos, son pescadores o trabajadores de la zona.
En este contexto, es relevante mencionar que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en EE.UU., fue liberado por Trump. Hernández había sido extraditado en abril de 2022 y sentenciado a 45 años de prisión por múltiples cargos relacionados con el narcotráfico. Esta decisión ha planteado interrogantes sobre las verdaderas intenciones detrás de la política estadounidense en la región.
La falta de transparencia respecto a las víctimas de estos bombardeos es alarmante; no existen listas oficiales ni identificaciones claras de los muertos. Muchos de ellos podrían ser simples pescadores atrapados en una guerra que no les corresponde. La pregunta que queda es: ¿quién se responsabiliza por estas muertes y cuál es el verdadero costo de la guerra contra el narcotráfico en el Caribe?
