El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos ha dictaminado este viernes que la mayoría de los aranceles globales impuestos por el Gobierno de Donald Trump son ilegales. Este fallo, que da la razón a una decisión anterior de otro tribunal que ya había fallado en contra de estos gravámenes a finales de mayo, argumenta que hubo una extralimitación de las funciones del presidente.
A pesar de la declaración de ilegalidad, el tribunal ha decidido mantener la vigencia de los aranceles hasta el 14 de octubre para permitir que el Ejecutivo estadounidense presente su apelación. La corte, con un resultado de siete votos a favor y cuatro en contra, ha concluido que el Congreso no otorga al presidente a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) una «amplia autoridad para imponer aranceles de la naturaleza de los aranceles sobre tráfico y recíprocos».
«Estamos de acuerdo en que la concesión de autoridad presidencial por parte de la IEEPA para ‘regular’ las importaciones no autoriza los aranceles impuestos por las órdenes ejecutivas», establece el fallo. La revocación de los aranceles no será efectiva hasta el 14 de octubre, por lo que hasta esa fecha continuarán operando y el Gobierno de Estados Unidos podrá apelar la decisión del tribunal.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha anunciado que el Departamento de Justicia apelará el dictamen, asegurando que la decisión es «errónea». «El Departamento de Justicia (…) continuará luchando para restaurar la autoridad legítima del presidente», ha confirmado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.
Desde su cuenta en Truth Social, Trump ha manifestado: «Todos los aranceles siguen en vigor. Un tribunal de apelaciones altamente partidista dictaminó erróneamente que nuestros aranceles debían eliminarse, pero sabe que Estados Unidos de América ganará al final. Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país».
En total, cinco órdenes ejecutivas que podrían quedar paralizadas son aquellas basadas en la IEEPA, incluidas las que imponen los aranceles recíprocos establecidos por Trump el pasado 2 de abril, conocido como el ‘Día de la Liberación’, y otra serie de gravámenes sobre China, México y Canadá. Sin embargo, otros como la tasa del 25% sobre automóviles, acero y aluminio quedarían fuera, al estar sujetos a la Ley de Expansión Comercial.
De esta manera, los jueces han limitado la capacidad del presidente para imponer estos gravámenes, estableciendo que esta autoridad pertenece al Congreso, tal y como lo dicta la Constitución estadounidense. El documento judicial asegura: «Parece improbable que el Congreso, al promulgar la IEEPA, pretendiera apartarse de su práctica anterior y otorgar al presidente autoridad ilimitada para imponer aranceles».
Trump ha defendido su política comercial como «la mejor herramienta» para las empresas y trabajadores de Estados Unidos, afirmando que el país «ya no tolerará enormes déficits comerciales ni aranceles injustos». Esta situación marca un nuevo capítulo en la relación entre el poder ejecutivo y legislativo en el ámbito de la política comercial estadounidense.
