El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro al imponer nuevas sanciones que afectan a familiares y empresarios cercanos a su administración. Esta acción se produce en medio de un contexto de creciente descontento social en Venezuela y la búsqueda de estrategias para debilitar las redes de financiación del chavismo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha incluido en su lista de sanciones a la esposa de Maduro, Cilias Flores, y a sus sobrinos, a quienes se les acusa de participar en actividades ilícitas que perjudican a los ciudadanos estadounidenses y desestabilizan la región. El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, destacó en su red social X que «gracias al liderazgo de Donald Trump, Estados Unidos está responsabilizando a los narcosobrinos de Maduro».
Sanciones a empresarios y empresas navieras
Además de los familiares directos de Maduro, el gobierno estadounidense ha sancionado a un empresario panameño que supuestamente ha estado involucrado en «lucrativos» contratos con el régimen. Este empresario también habría mantenido diversas relaciones comerciales con la familia Maduro-Flores, facilitando el envío de productos petroquímicos en nombre del Gobierno venezolano.
Un día después del anuncio de las sanciones, la OFAC incluyó a seis compañías navieras en su lista, la mayoría de ellas registradas en paraísos fiscales, que transportan crudo para el régimen: Myra Marine Limited, Arctic Voyager Incorporated, Poweroy Investment Limited, Ready Great Limited, Sino Marine Services Limited y Full Happy Limited. Estas acciones reflejan el compromiso de Estados Unidos de cerrar el cerco al mercado negro de petróleo que alimenta al régimen venezolano.
Un contexto de resistencia y presión internacional
La administración Trump ha subrayado que el régimen de Maduro continúa negando los valores democráticos en el país y se niega a reconocer la voluntad del pueblo venezolano. En este sentido, la política exterior de Estados Unidos busca mantener la presión sobre aquellos vinculados al régimen, asegurando que estas sanciones son solo una parte de un esfuerzo más amplio para restaurar la democracia en Venezuela.
El impacto de estas sanciones podría ser significativo, afectando no solo a los individuos mencionados, sino también a la infraestructura económica que sostiene al gobierno de Maduro. En un momento en que el país enfrenta una crisis humanitaria, la comunidad internacional observa con atención los desarrollos que podrían llevar a un cambio en la situación política de Venezuela.
