Los contratistas de viña de Mendoza han comenzado a organizarse de manera autoconvocada para exigir mejoras en sus condiciones laborales y salariales, cansados de esperar respuestas del sindicato y de ver cómo su situación se deteriora día a día. Durante las últimas semanas, han llevado a cabo reuniones abiertas en la zona Este de la provincia, donde decidieron continuar con su lucha. Entre sus principales demandas, destacan el aumento inmediato de la mensualidad por hectárea de 30.000 pesos a 60.000 pesos, así como la entrega del estatuto sindical y la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria del sindicato para establecer un plan de acción.
“No queremos más promesas ni acuerdos a espaldas nuestras. Queremos decidir por nosotros mismos”, declaró un portavoz del grupo autoconvocado. “Nuestra lucha no es solo por un aumento, es por dignidad. Que nos paguen por nuestro trabajo. No vamos a seguir aceptando vivir así”, añadió.
Una realidad insostenible
La situación económica en Mendoza es alarmante. Una familia tipo necesita 1.051.070 pesos mensuales para no caer en la pobreza, mientras que 430.766 pesos son necesarios para evitar la indigencia. Sin embargo, la mayoría de los contratistas percibe salarios muy por debajo de estos valores, con ingresos que no alcanzan ni el 30% de la canasta básica total.
Además, el aumento de tarifas en servicios esenciales ha complicado aún más la vida de estas familias. El agua ha subido un 25% en febrero y un 6,6% en julio, con incrementos acumulados que superan el 440% en el último año. La electricidad también ha visto tarifazos que oscilan entre el 200% y 300% desde que asumió Milei, mientras que el precio del gas envasado se ha disparado más del 150% desde enero. Los contratistas, que trabajan arduamente desde el amanecer hasta el atardecer, viven actualmente con ingresos que apenas les permiten cubrir sus necesidades básicas.
“Nosotros hacemos el vino de Mendoza y no se nos reconoce. No hay fiesta de vendimia para los que trabajamos la viña. Las bodegas exportan en dólares, y nosotros no llegamos a mitad de mes”, comentó un contratista de la zona Este.
Responsables de la crisis vitivinícola
La actual crisis en el sector vitivinícola no es un fenómeno aislado ni fruto del clima; tiene responsables claros. El gobierno de Javier Milei ha impuesto un ajuste severo que erosiona los salarios, eleva las tarifas y liberaliza la regulación del vino, despojando al INV de facultades y favoreciendo a las grandes bodegas. Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo, aliado político de Milei, también ha aumentado los precios de servicios como el transporte, donde el boleto ha subido un 525%, garantizando así ganancias extraordinarias para los grandes bodegueros, que imponen precios bajos por la uva mientras pagan salarios miserables a quienes sostienen la producción con su trabajo.
“Nosotros hacemos posible la vendimia, pero ellos se quedan con el vino y con la ganancia. La crisis no es nuestra: es impuesta por ellos”, afirmaron los contratistas autoconvocados del Este.
Frente a esta situación, la indignación se ha transformado en organización. En asambleas abiertas y espacios democráticos, los contratistas discuten estrategias para continuar la lucha, entre las que se incluyen exigir al gobierno la apertura de paritarias, fortalecer la unidad mediante asambleas por zona y con otros sectores de trabajadores, y mantener un estado de alerta y movilización hasta lograr respuestas concretas.
El mensaje es contundente: no se tolera más. El ajuste de Milei y Cornejo no puede caer sobre las familias que sostienen con su esfuerzo la principal industria de Mendoza. “La tierra y el vino valen por nuestras manos. No queremos migajas, queremos una vida digna”, concluyeron en su última asamblea.
