La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una de las condenas más severas en la historia reciente al sentenciar a un hombre de nacionalidad argentina a 433 años y once meses de prisión. Esta sentencia se origina a partir de múltiples delitos sexuales cometidos contra 25 menores, en un caso que ha conmocionado a la sociedad española.
Los hechos tuvieron lugar en 2021, cuando el condenado utilizó juegos en línea como herramienta para contactar con menores de entre 7 y 11 años. Según el fallo judicial, el acusado estableció comunicación a través de un videojuego en línea, donde realizó videollamadas en las que pedía a los niños que le mostraran sus partes íntimas. Las imágenes eran capturadas y almacenadas en una carpeta que él había titulado «angelitos».
La investigación se inició tras una denuncia, lo que permitió a las autoridades registrar el domicilio del condenado en Málaga. En su poder, se encontraron múltiples contenidos delictivos en sus dispositivos electrónicos, lo que corroboró la gravedad de sus acciones. Además, en agosto de 2021, el acusado conoció a un menor de 7 años en una playa nudista de Benalmádena, donde logró ganarse su confianza para posteriormente cometer abusos sexuales.
Las atrocidades no se limitaron a esa ocasión, ya que en septiembre, el condenado se presentó en el domicilio del menor, bajo el pretexto de ayudar a reparar un ordenador. Aprovechando la situación, desnudo al niño y lo fotografió, causando daños psicológicos que requirieron tratamiento especializado.
La sentencia del tribunal también ha revelado que el condenado, reincidente en delitos de esta naturaleza, perpetró cuatro abusos sexuales, incluyendo una violación, así como delitos relacionados con la pornografía infantil, el sexting, el ciberacoso y el grooming. A raíz de estas acciones, se le impuso una pena total de más de 400 años de prisión, junto con medidas de libertad vigilada durante diez años al cumplir su condena máxima de 20 años.
Además, se prevé su expulsión del territorio español una vez cumplidas las tres cuartas partes de la condena o si logra el tercer grado penitenciario o libertad condicional, con una prohibición de regresar a España durante 10 años. El tribunal también ha ordenado que el condenado indemnice a las víctimas, estableciendo una compensación de 20.000 euros para la víctima de agresión sexual, y otras indemnizaciones de entre 3.000 y 10.000 euros para el resto de afectados.
Este caso refleja la gravedad de los delitos cometidos y subraya la importancia de proteger a los menores tanto en entornos digitales como presenciales. La sociedad exige una respuesta contundente frente a estos crímenes y una mayor concienciación sobre los riesgos que enfrentan los niños en línea.
