El gobierno de Javier Milei ha decidido tomar medidas drásticas tras una reciente derrota legislativa que frustró su plan de reestructuración de organismos públicos. En un acto considerado por muchos como un ataque revanchista, el ministro de Economía, Hernán Caputo, firmó la Resolución 1240/25 que pasa a disponibilidad a un total de 367 trabajadores de la planta permanente, incluyendo 286 del INTA, 49 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y 8 del Instituto Nacional de Semillas (INASE).
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El anuncio se realizó apenas una hora después de que el gobierno sufriera una significativa derrota en el Congreso, donde no pudo avanzar en su propuesta de desguazar organismos públicos. Además, esta decisión se produce en un contexto de creciente escándalo por el caso de las coimas y una serie de derrotas legislativas que han mermado la credibilidad del ejecutivo.
ATE, el sindicato que representa a los trabajadores del sector público, ha denunciado que esta acción representa una grave persecución sindical. Según informes de la organización, la lista de trabajadores afectados incluye a muchos de sus delegados y a aquellos que han participado activamente en las movilizaciones y reclamos en el Congreso.
Una reciente medida cautelar dictada por la Justicia Federal el pasado miércoles ordena al gobierno que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del DNU”, lo que incluye estos pases a disponibilidad. A pesar de esta resolución judicial, el gobierno no ha mostrado disposición a acatarla, lo que agrava aún más la tensión entre el ejecutivo y los trabajadores.
La jornada del jueves fue testigo de una masiva movilización en el Congreso, donde miles de trabajadores de diferentes organismos, como Vialidad, INTI y Garrahan, se unieron a organizaciones sindicales y políticas en señal de protesta. Este evento también fue acompañado por colectivos de personas con discapacidad y jubilados que se manifestaron días antes.
El clima de incertidumbre y descontento se intensifica en un gobierno que, a pesar de sus decisiones autoritarias, parece estar debilitado. Los líderes de ATE, UPCN y otros sindicatos de estos organismos se ven en la necesidad de convocar a una respuesta unitaria y contundente para hacer frente a esta nueva ofensiva.
El contexto actual exige una movilización conjunta de los trabajadores, no solo para proteger sus derechos, sino también para hacer frente a un gobierno que, atrapado en sus fracasos, recurre a medidas represivas. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el rumbo de esta lucha y la respuesta de un ejecutivo que muestra signos de debilidad ante la presión social y judicial.
