La Comisión Europea ha confirmado que España no podrá contabilizar sus inversiones contra el cambio climático como gasto militar ni utilizar esos fondos para acogerse a la flexibilidad fiscal del Plan ReArmar Europa. Esta decisión pone en jaque una parte clave del discurso del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el incremento en defensa, lo que se traduce en un duro golpe político desde Bruselas.
Definición restringida del gasto en defensa
El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha sido claro al respecto: el gasto en defensa se define de forma restrictiva según la clasificación internacional COFOG, que excluye explícitamente cualquier inversión destinada a fines distintos, como los climáticos. Este pronunciamiento contradice la narrativa del Ejecutivo español, que había defendido una visión más amplia del concepto de seguridad, incluyendo temas como la ciberdefensa y la gestión de emergencias. La eurodiputada Alma Ezcurra, del Partido Popular Europeo (PPE), ha afirmado que esta respuesta «desmonta la estrategia del Gobierno español, que pretende evitar su responsabilidad en la inversión en defensa», subrayando que «la defensa es defensa, y el clima es clima».
Compromisos de gasto militar y presión internacional
En paralelo, España ha alcanzado por primera vez el 2% del PIB en gasto militar, cumpliendo así con el compromiso asumido en la cumbre de la OTAN de Gales en 2014. Según datos de la Alianza, el país ha invertido 33.123 millones de euros, con un crecimiento del 43% entre 2024 y 2025, uno de los mayores incrementos en toda la organización. Sin embargo, España continúa bajo presión internacional. En meses recientes, no solo el expresidente estadounidense Donald Trump ha criticado al país por su «rezago» en defensa, sino que también lo han hecho la primera ministra danesa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Aunque ninguno ha propuesto medidas de castigo formales, la presión se hace evidente.
El fondo europeo de 150.000 millones de euros previsto en el Reglamento SAFE para compras conjuntas de defensa solo podrá financiar proyectos que encajen en las prioridades militares definidas en su artículo 1, como la defensa antimisiles, drones, ciberseguridad o movilidad militar. Cualquier inversión con un componente climático deberá tener una vinculación directa con estos ámbitos para ser admisible, lo cual implica que no será suficiente con que el proyecto ofrezca beneficios secundarios en sostenibilidad o eficiencia energética.
