Un juzgado de Cerdanyola del Vallès ha decidido abrir una investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado hace diez días en el área de Collserola. Este proceso se lleva a cabo tras las informaciones del Ministerio de Agricultura, que sugieren que la cepa podría haber surgido de un laboratorio, lo que podría constituir un delito contra el medio ambiente.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tanto los Mossos d’Esquadra como la Guardia Civil han remitido el primer atestado a los juzgados de Cerdanyola. El tribunal local ha decidido remitir el caso al juzgado número dos para que inicie las diligencias correspondientes. Esta investigación judicial se desarrollará en paralelo a una auditoría encargada por la Generalitat, cuyo objetivo es determinar si el brote se originó en uno de los cinco laboratorios que investigan el virus en un radio de 20 kilómetros de la zona afectada. Entre esos laboratorios se encuentra el centro de investigación IRTA-CReSA, situado en el campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que se dedica al estudio de cepas atenuadas del virus.
El Govern de Cataluña se reunió el pasado martes con representantes del sector porcino para hacer un seguimiento de las medidas implementadas para contener la peste. Tras este encuentro, el responsable de la industria porcina del sindicato Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, y el presidente de Asaja Cataluña, Pere Roqué, cifraron en 24 millones de euros las pérdidas semanales que está sufriendo el sector porcino español debido a esta enfermedad. Este brote ha ocasionado la suspensión de las exportaciones de derivados del cerdo en 40 países.
Estas estimaciones llegan en un momento crítico, ya que se han registrado bajadas en los precios del kilo de cerdo en Mercolleida, el mercado de referencia a nivel estatal. Saltiveri indicó que «el lunes de la semana pasada se produjo una corrección de 10 céntimos y el pasado jueves volvió a bajar otros 10 céntimos». Esto equivale a una pérdida de 20 céntimos por kilo de cerdo, lo que, considerando un peso promedio de 120 kilos, representa 24 euros de descenso.
Hasta la fecha, se han confirmado 13 casos de jabalíes infectados. Para hacer frente a esta situación de emergencia, el Govern ha declarado el estado de emergencia, lo que permitirá agilizar la lucha contra el virus y acelerar la tramitación de contratos para servicios, suministros e incluso obras. La intención del gobierno autonómico es contratar de forma rápida suministros de material veterinario, servicios de laboratorio, medicamentos y equipos de protección, entre otros.
La Generalitat también ha aprobado la creación de una línea de ayudas y subvenciones que asciende a 10 millones de euros, ampliable a otros diez millones, para mitigar el impacto económico del brote en el sector porcino. Estas medidas buscan asegurar la sostenibilidad del sector en un momento de grave crisis, con el fin de proteger tanto a los productores como a la economía regional.
