La Ley de Vivienda, una de las principales iniciativas del Gobierno andaluz en esta legislatura, ha superado el debate a la totalidad en el Parlamento, lo que la acerca a su aprobación definitiva. Sin embargo, este avance se produce exclusivamente con el apoyo del Partido Popular, que, gracias a su mayoría parlamentaria, garantiza su tramitación final a pesar de la oposición de otros grupos políticos.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha intentado despolitizar la discusión en torno a la ley, abogando por el «diálogo y el acuerdo» en lugar de la «confrontación». A partir de ahora, la ley comenzará su proceso en comisión parlamentaria, donde se espera la comparecencia de agentes sociales y grupos parlamentarios, que tendrán la oportunidad de presentar enmiendas parciales.
Críticas de la oposición
El rechazo a la ley se manifiesta entre los partidos de la oposición, que ya vieron cómo sus enmiendas a la totalidad fueron desestimadas en el primer debate. El PSOE-A fundamenta su oposición en que la ley no cumple con el mandato constitucional que establece el derecho a la vivienda, argumentando que carece de garantías jurídicas y económicas, y no aborda la emergencia habitacional que afecta a la comunidad autónoma. Este partido considera que el texto se limita a presentar «declaraciones genéricas» sin mecanismos exigibles que aseguren su cumplimiento.
Por su parte, Vox ha cuestionado la norma por no alinearse con los objetivos que debería perseguir una política de vivienda en el contexto actual, y ha denunciado la falta de protección de los derechos de los andaluces en esta materia. La coalición Por Andalucía también ha criticado la ley, considerándola incapaz de aportar soluciones a los graves problemas de vivienda que enfrenta la mayoría social en Andalucía.
El camino hacia la aprobación
A pesar de las críticas, Rocío Díaz ha defendido la ley, subrayando que su objetivo es aumentar la oferta de vivienda protegida a precios asequibles y generar seguridad jurídica en el sector. Se ha destacado que el proceso de elaboración de la norma ha contado con una amplia participación, reflejada en las 605 alegaciones recibidas, de las cuales se aceptaron hasta un 80%.
El camino hacia la aprobación de la Ley de Vivienda se presenta complicado, con una oposición decidida a presentar enmiendas en la tramitación en comisión. Los grupos opositores han dejado claro que su intención es modificar un texto que consideran vacío de compromisos y poco efectivo frente a la crisis habitacional. La situación actual en el Parlamento andaluz pone de manifiesto la división política en torno a un tema tan crucial como es el acceso a la vivienda, que sigue siendo un problema urgente para muchos ciudadanos.
