La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, en respuesta a los recursos presentados por ambos contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de continuar con el procedimiento judicial. En el caso de Gómez, se le imputan cinco presuntos delitos, mientras que a Martín se le atribuyen dos.
El Ministerio Público ha presentado escritos donde respalda los argumentos de las defensas, que solicitaban el sobreseimiento de la causa, y critica la decisión del juez que, el 4 de noviembre de 2025, rechazó su petición y la de la Fiscalía, decidiendo mantener la investigación. Esta decisión no solo afecta a Gómez y Martín, sino también a la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.
Argumentos de la Fiscalía en defensa de los acusados
En su escrito, la Fiscalía destaca «lo extraño» que resulta que, tras la reciente desimputación de Judit González Pedraz, actual secretaria general de la Presidencia del Gobierno, el juez mantenga la imputación contra Francisco Martín, dado que ambos ocupan posiciones similares y su relación jerárquica es idéntica. La Fiscalía subraya que «uno imputado, y otro sobreseído libremente» no tiene sentido, especialmente cuando no hay evidencia que los vincule a los delitos en cuestión.
Asimismo, la Fiscalía recalca que no existe, ni ahora ni anteriormente, ninguna resolución judicial que individualice los hechos atribuidos a Martín, lo que hace que la imputación resulte «incomprensible». Este argumento se fortalece al considerar que el Tribunal Supremo ya había rechazado la petición del juez Peinado de investigar al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien también ocupó el mismo cargo que González Pedraz y Martín.
Implicaciones del caso y reacciones
La decisión de la Fiscalía podría tener un impacto significativo en la percepción pública de la investigación, que ha generado controversia desde su inicio. La falta de elementos incriminatorios que sustenten la imputación contra ambos acusados plantea serias dudas sobre la validez de las acusaciones, lo que ha llevado a muchos a cuestionar el enfoque del juez en este caso.
A medida que el proceso avanza, la atención se centra no solo en las figuras implicadas, sino también en la credibilidad de las instituciones judiciales y la capacidad del sistema para gestionar casos de alto perfil sin sesgos. La fiscalía, al apoyar el archivo de la causa, busca restablecer la confianza en el proceso judicial y en la presunción de inocencia de los acusados.
Este desarrollo se produce en un contexto político tenso, donde las decisiones judiciales pueden influir en la estabilidad del gobierno. Queda por ver cómo se resolverá este asunto y si finalmente se archivarán las causas contra Begoña Gómez y Francisco Martín.
