La Fiscalía ha presentado acusaciones de irregularidades en la construcción de una pista agraria en Frontera, vinculando el caso al exconsejero de Medio Rural, Marino y Recursos Hídricos del Cabildo de El Hierro, Juan Pedro Sánchez. El Ministerio Público solicita una pena de tres años y medio de prisión y once años de inhabilitación para el exconsejero, además de penas de cárcel para otros implicados en el proyecto.
En total, el fiscal pide cuatro años y tres meses de cárcel para un funcionario del Cabildo y tres años y medio para un ingeniero externo que respaldó el proyecto. La acusación se basa en la presentación de pruebas que, según el fiscal, demuestran la implicación de los acusados en la realización de la obra, que habría beneficiado únicamente a los propietarios de las fincas cercanas, sin justificación en la normativa urbanística vigente.
Irregularidades y normativa urbanística
El fiscal ha señalado que el proyecto infringió la normativa urbanística, específicamente el Plan Insular de Ordenación (PIO), que prohíbe la apertura de nuevos trazados en suelo rústico a menos que estén contemplados en los Planes Generales de Ordenación (PGO). En el caso de Frontera, dicha normativa también prohíbe nuevas vías en suelo rústico. Según la Fiscalía, el proyecto solo cumplió con uno de los cuatro requisitos establecidos, el cual permite la creación de vías para explotaciones agropecuarias, pero no el levantamiento sobre una pista preexistente ni el interés público.
El fiscal argumentó que el procedimiento de cooperación interadministrativa utilizado para llevar a cabo la obra solo es válido para proyectos de servicio público, algo que no se aplica en este caso. Las defensas de los acusados han señalado que el proyecto recibió hasta cuatro informes favorables y que la actividad agropecuaria en la zona no justificaba una obra de tal magnitud.
Defensas y alegaciones
La defensa de Juan Pedro Sánchez ha insistido en que, durante la gestión del contrato de obra, los informes eran favorables y ha negado que el exconsejero tuviera conocimiento de que el proyecto beneficiaría a un jefe de sección de su departamento. Por su parte, el abogado del funcionario del Cabildo defendió que su intervención en la tramitación del expediente fue administrativa y no urbanística, y argumentó que la pista no beneficiaba a su finca, ya que se accede por otra vía.
El letrado del ingeniero que avaló el proyecto también ha rechazado los cargos, señalando que su participación se limitó a la redacción del proyecto y no como director de la obra, ya que su intervención finalizó en 2015, tres años antes del inicio de la construcción.
El caso ha sido juzgado en la Audiencia Provincial y está a la espera de una sentencia que determine las responsabilidades de los acusados en este controvertido proyecto agrario en Frontera.
