El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha presentado en el Congreso una propuesta para excluir de la contratación pública a aquellas empresas que colaboren con la ocupación ilegal de los territorios palestinos. Esta iniciativa, registrada el pasado viernes, busca que el Gobierno implemente medidas que incluyan una cláusula en todos los pliegos de contratación pública que prohíba la participación de empresas nacionales o extranjeras implicadas, directa o indirectamente, en la ocupación.
Según Santiago, esta exclusión también se extendería a empresas que estén involucradas en actos que puedan considerarse genocidio, de acuerdo con las medidas provisionales establecidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la opinión consultiva del 19 de julio de 2024, que declaró ilegal la ocupación de estos territorios. En este contexto, el portavoz ha destacado el creciente descontento entre los aficionados por la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech en la Vuelta a España, un evento que está bajo la organización de Uniplublic, empresa que se beneficia de múltiples contratos con administraciones públicas españolas.
Contexto Legal y Económico
Enrique Santiago recordó que en julio del año pasado, la Corte Internacional de Justicia determinó que los asentamientos israelíes en Cisjordania violan el Derecho internacional, ordenando la paralización de estos asentamientos y la evacuación de colonos, subrayando así la naturaleza de anexión permanente de tales acciones. Además, Izquierda Unida ha señalado que numerosas empresas españolas han sido identificadas por su participación en actividades económicas relacionadas con asentamientos ilegales, abarcando sectores como construcción, tecnología y transporte, según informes de organizaciones como Naciones Unidas y observatorios de Derechos Humanos.
La propuesta de IU se inspira en precedentes internacionales, como el caso de Irlanda, donde el Gobierno ha emitido directrices para verificar la implicación de empresas en actividades que infrinjan el Derecho Internacional. Santiago ha afirmado que la inclusión de estas cláusulas en los contratos públicos permitiría a España cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar que los recursos públicos no contribuyan a situaciones de ocupación ilegal, apartheid o genocidio.
Reacción y Futuras Implicaciones
La iniciativa de Izquierda Unida ha generado un amplio debate sobre la ética de las empresas involucradas en la ocupación de territorios palestinos y la responsabilidad del Estado en garantizar que el dinero público no se destine a estas actividades. La propuesta no solo busca sancionar a aquellas empresas que violan el Derecho Internacional, sino también promover un cambio en la política exterior y en la percepción de España respecto al conflicto palestino.
Con esta acción, IU busca concienciar a la opinión pública y presionar al Gobierno para que adopte una postura más firme en defensa de los derechos humanos y del cumplimiento del Derecho Internacional en el contexto del conflicto israelo-palestino.
