El Tribunal Supremo (TS) ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez debe asumir la responsabilidad de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y desean solicitar asilo. Esta demanda llega tras el rechazo a la petición del Ejecutivo para abrir un incidente de ejecución sobre las medidas cautelares impuestas por el propio TS, donde la Abogacía del Estado alegaba problemas de coordinación con las comunidades autónomas.
Los Servicios Jurídicos del Estado, en representación del Gobierno, solicitaron al alto tribunal que se abriese dicho incidente, argumentando que diversas circunstancias estaban dificultando el cumplimiento de las medidas cautelares acordadas el pasado 4 de junio. En particular, se mencionaron dificultades en la coordinación competencial con las comunidades y en la obtención de consentimiento y custodia de los menores.
El auto emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, recogido por Europa Press, reafirma «la plena vigencia y exigibilidad» de las medidas cautelares. Estas medidas incluyen el suministro de «los medios personales y materiales necesarios» a las oficinas administrativas encargadas de la tramitación de solicitudes de asilo, de manera que el proceso no exceda los 6 días desde la manifestación de la voluntad de solicitarlo hasta su formalización.
Colaboración con Canarias
En la misma resolución del 4 de junio, el Supremo instaba a que se estableciese la colaboración con Canarias de la forma más eficaz posible. Esto implica poner a disposición de la comunidad autónoma los recursos materiales, personales y económicos necesarios para asegurar que estos menores accedan al sistema de acogida correspondiente a su estatus de solicitantes de protección internacional. Además, se solicitó un calendario preciso de reuniones para coordinar estos esfuerzos.
El Tribunal tomó esta decisión tras una vista celebrada el 29 de mayo, donde se constató el «claro incumplimiento» de la medida cautelar previamente acordada el 25 de marzo. En ese momento, el TS había ordenado que el Gobierno asumiera la tutela de estos menores, un compromiso que, según el tribunal, no se había evaluado adecuadamente en los dos meses posteriores, ni se había elaborado un registro completo y preciso de los mismos.
La situación de los menores migrantes en Canarias continúa siendo una cuestión crítica que requiere atención urgente por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas. La reiteración del TS subraya la importancia de cumplir con las medidas acordadas para garantizar la protección y el bienestar de estos jóvenes.
