La reciente condonación de deuda por valor de 83.252 millones de euros a las Comunidades Autónomas, aprobada el 2 de septiembre de 2023 por el Gobierno, ha suscitado un intenso debate sobre su equidad y las implicaciones a largo plazo. Esta medida, que en principio podría parecer un alivio financiero, conlleva riesgos significativos que podrían afectar la estabilidad económica del país.
El 19,33 % de la condonación se aplica a las Comunidades de régimen común, y no se limita a una simple reestructuración contable, sino que establece un precedente preocupante al fomentar un mayor endeudamiento regional. Este hecho podría impactar negativamente en la calidad crediticia de España y aumentar los costos financieros para el Estado. La situación se complicará aún más con la financiación singular de Cataluña, en el marco de los pactos de investidura entre PSOE y ERC, que permitiría que esta Comunidad recaude el 100 % de los tributos.
La condonación de la deuda catalana, valorada en 17.104 millones de euros, también se presenta como una oportunidad de ahorro en intereses, estimado en 1.550 millones de euros. Por otro lado, el pacto entre PSC y ERC implica la cesión del 100 % de los impuestos a Cataluña y ajustes en las inversiones públicas del Estado en función del PIB catalán, que representa un 19 % del PIB nominal de España.
Consecuencias de la condonación y reacciones políticas
La federación de estudios de economía y administración (Fedea) ha cuantificado el coste de esta medida en un rango de entre 4.800 y 6.100 millones de euros para el resto de Comunidades Autónomas. Este escenario perjudica a aquellas regiones que han mantenido una gestión fiscal responsable, ya que la condonación beneficia a las que han acumulado mayores deudas, generando una desigualdad en el sistema de financiación autonómica.
El actual sistema se ve deslegitimado, ya que la condonación se percibe como un trato preferencial hacia Cataluña, que recibe más de 17.104 millones de euros en comparación con 8.644 millones de euros para la Comunidad de Madrid y 3.318 millones de euros para Castilla y León. Este reparto infringe el principio de equidad, premiando a las Comunidades que han gestionado mal y penalizando a las más diligentes.
Además, se ha criticado que el acuerdo entre PSOE y ERC no solo busca aparentar imparcialidad, sino que también fomenta una falta de disciplina fiscal que podría intensificar las disparidades entre Comunidades. La situación se agrava al considerar que las Comunidades infrafinanciadas, como Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, no recibirán la atención necesaria en este contexto.
Implicaciones futuras y alternativas
La condonación también plantea un problema de incentivo para las Comunidades que han aumentado el IRPF entre 2010 y 2022, otorgándoles una condonación adicional del 10 % si superaron la media, y del 5 % en caso contrario. Esto podría significar un total de 1.000 millones de euros adicionales condonados, presentando un dilema para los Gobiernos regionales conservadores que se ven obligados a aceptar condiciones desfavorables si desean acceder a estos beneficios.
La situación exige un análisis profundo sobre la equidad en la financiación de las Comunidades Autónomas y la responsabilidad fiscal de cada una. La condonación de deuda, en lugar de resolver problemas, podría estar cimentando un futuro de inestabilidad y desigualdad en la gestión de recursos públicos, donde el contribuyente español se convierte en el responsable final de pagar la deuda acumulada.
