El Gobierno de España ha dado un paso significativo al aprobar, el pasado martes, el inicio de los trámites necesarios para blindar el derecho al aborto en la Constitución Española. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado que esta medida busca «evitar retrocesos» frente a lo que ella denomina una «ola reaccionaria». En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Redondo ha declarado que «no es una reforma sencilla», pero que representa un avance crucial en la garantía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
La propuesta contempla la adición de un cuarto apartado en el artículo 43 de la Carta Magna, que estipula: «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres». Este texto busca proporcionar una base legal sólida para el acceso al aborto y asegurar que se respete la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo.
Reforma agravada y mayorías cualificadas
Redondo ha explicado que la modificación de la Constitución que se desea llevar a cabo requiere una reforma agravada, lo que implica la necesidad de contar con mayorías cualificadas, concretamente de las tres quintas partes del Congreso y del Senado. En caso de no alcanzar un acuerdo, la ministra ha indicado que se podría recurrir a una comisión paritaria que se formaría entre ambas cámaras para proponer un nuevo texto.
La ministra ha enfatizado la importancia de esta iniciativa, especialmente en un momento histórico en el que, según ella, se está produciendo un retroceso significativo en los derechos de las mujeres. «El presidente del Gobierno ha afirmado que no vamos a tolerar esta regresión en los derechos, y por ello consideramos esencial tomar todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan retrocesos en el presente y en el futuro», ha añadido Redondo, destacando la urgencia de esta reforma en el contexto político actual.
Esta propuesta se enmarca en un debate más amplio sobre los derechos reproductivos en España y refleja la intención del Gobierno de proteger y promover la igualdad de género y la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre su salud y su vida personal.
