El Gobierno de España ha decidido activar la senda de déficit, un paso crucial en el proceso de elaboración de los Presupuestos para 2026, aunque ha generado una serie de retrasos y dudas sobre la presentación final de las cuentas públicas. Este miércoles, el Ministerio de Hacienda convocó el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se presentará a las comunidades autónomas la propuesta de déficit y el techo de gasto. La reunión se llevará a cabo el próximo lunes, y al día siguiente se espera su aprobación en el Consejo de Ministros.
A pesar de este avance, no hay prisa en Moncloa para presentar el proyecto presupuestario, ya que la falta de apoyo de los socios del Gobierno ha llevado a una estrategia de estiramiento en los plazos. Fuentes del Ministerio han indicado que no se garantiza la presentación de las cuentas antes de final de año, a pesar de que este era el plazo marcado públicamente por el presidente Pedro Sánchez.
Retrasos y negociaciones pendientes
En el departamento dirigido por María Jesús Montero, se prevé al menos una semana de debate en el Congreso sobre la senda fiscal, tras su aprobación en el Consejo de Ministros. De este modo, se descarta la posibilidad de forzar un debate inmediato en el Congreso, donde la Cámara Baja podría tumbar la propuesta gubernamental. El objetivo del Gobierno es ofrecer “más recursos a las comunidades autónomas” y alinear el proyecto con lo presentado ante la Comisión Europea en su plan fiscal estructural del año pasado.
Este plan establece que el déficit total del país debe reducirse al 2,1% en el próximo año, aunque aún queda por definir el reparto entre administraciones. En caso de que la propuesta sea rechazada, el Ejecutivo tendría que volver a aprobar la senda fiscal en un futuro Consejo de Ministros, siguiendo lo estipulado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que exige que la senda se presente hasta en dos ocasiones antes de su inclusión en el pleno del Congreso.
Desafíos políticos y compromisos del Gobierno
El Gobierno se enfrenta a un escenario complicado, ya que se prevé que el debate sobre la senda fiscal se extienda hasta la segunda semana de diciembre, justo antes de las elecciones en Extremadura, programadas para el 21 de diciembre. La normativa establece un plazo de un mes entre el rechazo de la senda fiscal y su nueva presentación, lo que significa que el Ejecutivo podría presentar nuevas cuentas públicas poco después de ese periodo.
En su comparecencia, Sánchez hizo hincapié en su intención de negociar con los socios para reconducir las relaciones con Junts, a pesar de las tensiones evidentes. En este contexto, la portavoz de los posconvergentes, Míriam Nogueras, afirmó que “la relación se ha acabado”, haciendo referencia a la falta de avances en las negociaciones.
El proyecto de Presupuestos incluye un aumento significativo en la inversión en vivienda y servicios públicos, en un intento por fortalecer el estado del bienestar, lo que contrasta con las políticas de privatización en comunidades gobernadas por el PP. Aunque el Congreso pudiera rechazar las cuentas, el Gobierno utilizaría la propuesta para demostrar su compromiso con estos objetivos.
