Este martes, el Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará la proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP), que busca modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal. La iniciativa pretende que el fiscal general del Estado ya no sea quien designe al responsable de la protección de los datos personales gestionados por la institución.
La propuesta, registrada en abril y que se somete a su primera votación, busca restablecer el sistema de elección independiente por mayoría absoluta del Consejo Fiscal, como existía antes de la reforma impulsada por el Gobierno en la Ley de Eficiencia de la Justicia. Actualmente, la designación del responsable recae en el fiscal general, Álvaro García Ortiz.
Restaurar la independencia en la protección de datos
El PP argumenta que su iniciativa «recupera la neutralidad e independencia» del cargo encargado de supervisar el cumplimiento de las normas de protección de datos. Según la exposición de motivos, la actual redacción del artículo 12.n del Estatuto «se aleja de los criterios de independencia y transparencia exigidos por la normativa europea». Además, se señala que «no puede ser nombrada por quien debe ser controlado sin riesgo de poner en peligro la independencia de quien va a desempeñar la función».
Este debate se produce en un contexto delicado, ya que el Tribunal Supremo investiga a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. El fiscal general se sentará en el banquillo en noviembre, acusado de filtrar un correo electrónico con información confidencial sobre un supuesto fraude fiscal cometido por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Durante la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil determinó que García Ortiz no almacenaba en su teléfono ninguna conversación de mensajería instantánea ni correos electrónicos relacionados con González Amador. Desde la Fiscalía se comunicó que el fiscal general aplicó un protocolo de protección de datos que conlleva la eliminación sistemática del contenido de su teléfono.
Consecuencias de la normativa actual
En el juicio, el actual responsable de protección de datos de la Fiscalía, Agustín Hidalgo, está llamado a declarar tras la solicitud del juez de la causa de copia de la normativa interna aprobada del Ministerio Fiscal sobre el uso de teléfonos móviles y correos electrónicos. Hidalgo fue elegido para su puesto en el Consejo Fiscal el 25 de junio de 2020, durante el mandato de Dolores Delgado, con el apoyo de los seis miembros de la Asociación de Fiscales, que tienen mayoría en dicho órgano.
Su mandato de cinco años está próximo a concluir, y con la normativa actual, el nuevo responsable podría ser designado directamente por García Ortiz sin necesidad de contar con la aprobación del Consejo Fiscal, como ocurría anteriormente. El PP sostiene que la reforma promovida por el Gobierno «ha convertido una autoridad independiente en una unidad más de la Fiscalía General del Estado», y reclama garantizar «un procedimiento transparente y ajustado a los principios constitucionales y europeos en materia de protección de datos».
