En España, el año 2024 marcó un hito con el registro de 82.991 divorcios, lo que representa un incremento del 8,2 % en comparación con el año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este aumento se manifiesta especialmente en la Comunitat Valenciana, donde se produjeron más de 30 divorcios diarios durante el primer trimestre, consolidando una tendencia al alza tras varios años de descenso en las rupturas matrimoniales. Este fenómeno refleja no solo cambios sociales, sino también las dificultades económicas y emocionales que enfrentan muchas familias en la actualidad.
Para profundizar en este tema, desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos conversado con Julia Falcó, presidenta de la Sección de Familia del ICALI, quien ha compartido su perspectiva sobre las dudas más frecuentes que surgen en el proceso de divorcio.
El impacto económico del divorcio
Según Falcó, uno de los principales obstáculos que enfrentan las parejas es el aspecto económico. «Divorciarse sale muy caro», afirma. El problema más significativo radica en la vivienda, ya que el cónyuge que abandona el domicilio debe buscar un nuevo lugar donde vivir, que además debe ser adecuado para los hijos en caso de custodia compartida o visitas de fin de semana. «¿Quién puede aguantar hoy en día estar pagando la mitad de la hipoteca de la casa familiar y además tener que pagarse el alquiler?», plantea Falcó.
El divorcio implica duplicar gastos, incluyendo hipoteca o alquiler, suministros y comunidad. A pesar de estos desafíos financieros, muchas parejas priorizan el bienestar emocional, lo que a veces resulta en que conviven bajo el mismo techo a pesar de la separación, generando un «coste emocional importante» para toda la familia.
Divorcio contencioso y cuestiones de custodia
Cuando no hay acuerdo entre las partes, el proceso se judicializa. La parte interesada debe presentar una demanda contenciosa, y aunque el otro cónyuge se oponga, el juez está obligado a conceder el divorcio. «No te puede obligar a vivir con una persona con la que no quieres vivir», subraya Falcó. En los juzgados especializados de Alicante o Elche, un divorcio contencioso puede resolverse en una media de cuatro a cinco meses en primera instancia, y las sentencias son ejecutivas desde el momento en que se dictan, incluso si se recurren, para proteger el interés del menor.
La atribución del uso de la vivienda depende de la custodia. Si esta es exclusiva, el progenitor custodio mantiene el derecho de uso hasta que el hijo menor cumpla 18 años. En caso de custodia compartida, la situación cambia. La opción de la «casa nido», donde los hijos permanecen en la vivienda y los padres rotan, está desaconsejada por el Tribunal Supremo por ser antieconómica y conflictiva. Lo habitual es que uno de los progenitores permanezca temporalmente en el domicilio, normalmente quien tiene menor capacidad económica.
Los jueces valoran diversos factores, como la edad de los hijos, la disponibilidad horaria de los padres, la cercanía al colegio, las condiciones de la vivienda y la implicación pasada en la crianza, siempre buscando el interés superior del menor.
En relación a la pensión de alimentos, los tribunales utilizan tablas orientativas que consideran ingresos, número de hijos, tipo de custodia y comunidad autónoma. Los gastos educativos o extraordinarios suelen dividirse al 50 % si la situación económica lo permite. En caso de impago, el progenitor custodio puede presentar demanda tras el primer mes de incumplimiento, y el juzgado tiene la facultad de embargar cuentas, devoluciones de impuestos o nóminas. «El crédito por alimentos es privilegiado», recalca Falcó, lo que permite embargar incluso prestaciones o subsidios.
Finalmente, Falcó ofrece un consejo clave: «El divorcio no debe arrastrar a los menores». Recomienda hablar con ellos únicamente una vez que la decisión esté tomada y evitar descalificaciones hacia el otro progenitor. «Es mejor unos padres separados y que los niños estén tranquilos, que serán más felices así, que unos padres juntos donde se nota que hay un desamor», concluye.
Además, la abogada aconseja que, en caso de estar casados en régimen de separación de bienes, es crucial guardar todas las facturas de lo que se compre, ya que «el bien pertenece a aquel a cuyo nombre figure la factura». Aunque reconoce que esto puede ser complicado, enfatiza que tener estos documentos facilita enormemente la tarea de repartir los bienes en caso de divorcio.
