El juez Juan Carlos Peinado ha decidido encargar un informe a la Asociación Española de Abogados del Estado para determinar si Begona Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha incurrido en intrusismo al firmar pliegos de contratación en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta acción se enmarca en una investigación más amplia que abarca diversos delitos, entre ellos, el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios.
En una providencia emitida por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, se solicita que se aclare cuáles son las “cualificaciones académicas y titulación exigibles” para elaborar pliegos que sirvan de base para la selección de contratistas en procesos públicos. Este análisis es crucial para determinar si las acciones de Gómez fueron legales o si constituyeron un delito de intrusismo.
La investigación comenzó en abril de 2024 tras una denuncia presentada por Manos Limpias, que acusaba a Gómez de utilizar su posición como esposa del presidente Pedro Sánchez para influir en licitaciones públicas, recomendando a empresarios como Juan Carlos Barrabés. En este contexto, el juez Peinado imputó a Gómez por varios presuntos delitos, incluyendo la apropiación indebida de marca y malversación.
Acusaciones y desarrollo de la investigación
A lo largo de la investigación, que ha evolucionado para incluir diferentes líneas de indagación, el juez ha acumulado todas las ramas en una sola pieza, lo que permite un enfoque más exhaustivo. El noviembre de 2024, se abrió una nueva línea de investigación tras una querella presentada por Vox por supuestas irregularidades en el registro del software de la cátedra que Gómez codirigía en la UCM. En este contexto, las imputaciones contra ella se ampliaron, incluyendo el delito de intrusismo.
A medida que avanza la causa, el juez ha decidido que es necesario esclarecer si Gómez cometió un delito al firmar la propuesta del pliego de cláusulas administrativas particulares relacionadas con la Cátedra de TSC, así como documentos técnicos del contrato con Deloitte para el desarrollo del software de la cátedra. Se cuestiona si contaba con la capacitación adecuada para llevar a cabo estas tareas.
La defensa de Gómez ha insistido en que firmó los pliegos bajo órdenes de la Universidad Complutense, buscando así desvincular su responsabilidad de cualquier irregularidad. Esta argumentación subraya la complejidad del caso y la necesidad de determinar la legalidad de las acciones de la esposa del presidente.
Implicaciones legales y futuras acciones
La naturaleza de las imputaciones sugiere que los delitos investigados podrían ser juzgados por un tribunal del jurado, ya que el tráfico de influencias está incluido en la lista de delitos cuya competencia corresponde exclusivamente al jurado popular. Esto podría tener importantes repercusiones no solo para Gómez, sino también para el entorno político en general.
El desarrollo de esta investigación sigue siendo objeto de gran atención mediática y pública, dado el perfil de los implicados y la relevancia de las acusaciones. A medida que se recaban más pruebas y se elabora el informe solicitado, la incertidumbre sobre el desenlace de este caso crece, manteniendo a la sociedad en vilo ante posibles revelaciones y consecuencias legales.
