La tensión en Mendoza ha alcanzado niveles críticos tras la detención de Liza Rule y Martín Iglesia, activistas que defendían el agua en una manifestación contra la megaminería. Los detenidos, que forman parte de una movilización pacífica, fueron arrestados el pasado 25 de octubre de 2025 en circunstancias irregulares, lo que ha generado un fuerte repudio en todo el país.
La vicegobernadora Hebe Casado ha lanzado una provocación a través de la red social X, justificando la represión y la detención de los activistas. En su publicación, Casado afirmó que «en Mendoza no importa si eres tripulante de la NASA, bailarina clásica o lo que sea, si cortas la calle o dañas propiedad pública o privada vas presa». Esta declaración ha encendido los ánimos entre los defensores de los derechos humanos.
Reacciones de la izquierda y el clamor por la libertad
El repudio a estas declaraciones ha sido contundente. Myriam Bregman, diputada y reconocida figura de los derechos humanos, respondió irónicamente a la vicegobernadora, indicando que su respuesta sugiere que «se les debe haber ido mucho la mano con la represión y las detenciones ilegales». Por su parte, Lautaro Jiménez, otro líder del Frente de Izquierda Unidad, ha exigido que Casado explique su responsabilidad en lo que califica como un «operativo mafioso» en la Legislatura provincial.
Los detalles de la detención de Rule e Iglesia son alarmantes. Fueron arrestados al azar en medio de un fuerte despliegue policial cuando la manifestación se acercaba a la Legislatura, donde se iba a leer un documento en protesta por las políticas de megaminería que afectan a la provincia. Los activistas fueron golpeados por agentes de civil y trasladados a diferentes centros de detención, donde permanecen sin cargos formales en su contra.
Un ambiente de represión y resistencia
El clima de represión en Mendoza ha suscitado un creciente clamor por la libertad de los detenidos. Este sábado, se han previsto nuevas convocatorias en el Polo Judicial y la comisaría 7ma para exigir la liberación inmediata de Rule e Iglesia. La movilización continúa a pesar de las provocaciones y la represión, evidenciando la resistencia de una parte significativa de la población ante lo que consideran una violación de sus derechos.
La situación ha llevado a muchos a cuestionar la legalidad de las acciones del gobierno provincial. Micaela Blanco Minoli, también del Frente de Izquierda, ha desafiado a Casado preguntando si es legal «armar causas a manifestantes para garantizar el negocio de las megamineras». Este cuestionamiento destaca la creciente preocupación entre los ciudadanos sobre el uso de la fuerza para silenciar las protestas.
La respuesta de la vicegobernadora ha intensificado el debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Mendoza. En un contexto donde las demandas por la defensa del agua y los derechos humanos son cada vez más apremiantes, la oposición y los activistas continúan movilizándose para garantizar que sus voces sean escuchadas y que la justicia prevalezca.
