La directora de la ONG Quorum Social 77, Delia García, ha revelado que un número significativo de menores extranjeros no acompañados (menas) están utilizando denuncias falsas como un mecanismo para deshacerse de los educadores sociales que establecen límites en su conducta. En un video difundido por el experto en redes sociales @CanarioToday, García expone que estos jóvenes «ya han cogido el mecanismo de ir a la fiscalía, denunciar y que automáticamente se les crea», lo que les permitiría manipular a los profesionales y actuar sin control dentro de los centros de acogida.
Estas declaraciones han generado un fuerte revuelo en la sociedad canaria, dado que provienen de una de las principales responsables de una entidad que gestiona programas de acogida en una región que, en los últimos años, ha visto un incremento exponencial en la llegada de menores inmigrantes. La admisión de que existe un uso deliberado del sistema judicial para amedrentar a educadores añade presión sobre Quorum Social 77, que ya ha estado envuelta en varias controversias relacionadas con su gestión y el uso de fondos públicos.
Controversias en la gestión de la ONG
En los últimos meses, Quorum Social 77 ha sido objeto de críticas por la gestión de los recursos destinados a la atención de estos menores y por las condiciones en las que operan algunos de sus centros. Medios de comunicación locales han recogido quejas de trabajadores y asociaciones sindicales que denuncian la falta de recursos, precariedad laboral y presiones para no hacer públicas las irregularidades internas. Las denuncias apuntan a la existencia de un ambiente laboral tenso, donde la seguridad de los educadores se ha visto comprometida en varias ocasiones.
Además, informes y debates parlamentarios han señalado que la ONG mantiene contratos millonarios con la administración autonómica sin que exista una fiscalización clara sobre el destino de las partidas económicas. Estas críticas se han intensificado tras episodios de violencia dentro de los centros gestionados por la entidad, donde varios educadores han sufrido agresiones físicas y psicológicas, lo que ha elevado la preocupación por la seguridad laboral en el sector.
Consecuencias de las declaraciones de García
El reconocimiento de Delia García sobre la existencia de denuncias falsas agrava la desconfianza en torno a la capacidad de Quorum Social 77 para garantizar tanto la protección de los menores como la seguridad de los trabajadores. Para organizaciones profesionales, el hecho de que se utilicen los mecanismos judiciales como arma de presión pone de manifiesto un problema estructural que ni el Gobierno canario ni la propia ONG han sabido afrontar adecuadamente.
La polémica, lejos de ser un asunto aislado, apunta a un debate más amplio sobre cómo compatibilizar la tutela de los menores inmigrantes con la protección de los derechos de los trabajadores que los atienden y la necesidad de transparencia en el uso de fondos públicos. Las palabras de García han abierto una grieta en la credibilidad de una organización que gestiona una parte sensible de la política migratoria en Canarias, lo que podría tener repercusiones significativas en la gestión futura de estos programas.
