La Comunidad Valenciana se enfrenta a una alarmante crisis de seguridad vial, con un total de 110 muertes en accidentes de tráfico registradas durante el año 2024. Este dato la posiciona como la cuarta comunidad autónoma con más víctimas fatales en el país, lo que genera una considerable preocupación entre las autoridades y la sociedad civil. Además, la región alberga el punto de mayor siniestralidad de toda España, conocido como el baipás, donde se han producido tres de las fatalidades mencionadas.
En comparación con años anteriores, la situación ha empeorado notablemente. En 2023, la Comunidad Valenciana fue la segunda autonomía en la que más crecieron los accidentes de tráfico, solo superada por Andalucía. De hecho, el año 2024 ha sido uno de los peores de la última década en lo que respecta a la siniestralidad vial, con un total de 124 heridos en carretera, lo que pone de manifiesto la urgencia de abordar esta problemática.
Infraestructura insuficiente y peligrosa
Los contratistas de obras viales han expresado su preocupación por la situación de las infraestructuras en la comunidad. Denuncian que la red viaria ha sido concebida «insuficiente y peligrosa», lo que contribuye a la alta tasa de accidentes. La demanda de que se continúe con la licitación de obras en los tramos pendientes se ha intensificado, ya que consideran que es fundamental mejorar las condiciones de las carreteras para reducir el número de siniestros.
La comunidad también se ha visto afectada por la falta de medidas efectivas para prevenir estos accidentes. Las autoridades locales y autonómicas deben implementar políticas más contundentes que aborden no solo la infraestructura, sino también la concienciación de los conductores sobre la seguridad vial. La combinación de educación y mejoras en las carreteras es esencial para revertir esta tendencia alarmante.
Con este panorama, el desafío de reducir la siniestralidad vial en la Comunidad Valenciana se presenta como una tarea urgente que requiere la colaboración de todos los agentes implicados, desde las administraciones públicas hasta los ciudadanos. Las cifras son un claro indicativo de que se necesita actuar rápidamente para proteger vidas y garantizar la seguridad en las carreteras.
