Un hombre de Vigo se sentará en el banquillo de los acusados por un presunto delito continuado contra la fauna, tras ser denunciado hasta en cuarenta ocasiones por extraer percebe de manera ilegal en la costa gestionada por la Cofradía de Pescadores de La Anunciada de Baiona. Desde el 2020 hasta el 2024, el Juzgado de Instrucción 7 de Vigo ha acordado la apertura de juicio oral contra este acusado, conocido por su historial de furtivismo en la zona.
Las investigaciones han demostrado que el acusado extrajo percebe “por lo menos desde el mes de julio de 2020 hasta septiembre de 2024”, operando en zonas vedadas y sin respetar las normativas de talla mínima y número de capturas. La propia Cofradía ha denunciado que el hombre carece del permiso necesario para la explotación del percebe, lo que agrava la situación.
Detalles del caso y sanciones solicitadas
Las áreas donde se presume que el acusado realizó sus actividades ilegales abarcan desde el Parador de Baiona hasta casi el municipio de A Guarda, incluyendo lugares como las Islas Estelas, Monteferro y Monte Lourido en Nigrán. La acusación particular, representada por la Cofradía, ha solicitado una multa de 6.000 euros y cuatro años de inhabilitación para la pesca y el marisqueo, así como una indemnización de 4.924 euros para la cofradía afectada.
Por su parte, la Fiscalía ha coincidido en la pena de inhabilitación, pero ha propuesto una multa de 3.000 euros, lo que refleja la gravedad del caso y la necesidad de proteger los recursos marinos de la región. Este juicio pone de manifiesto la lucha contra el furtivismo en las costas gallegas y el compromiso de las autoridades para salvaguardar la fauna marina.
Contexto y repercusiones
La actividad de furtivismo no solo pone en riesgo la biodiversidad marina, sino que también afecta a la economía de las comunidades pesqueras que dependen de la sostenibilidad de estos recursos. La Cofradía de Pescadores de La Anunciada ha tenido un papel crucial en la denuncia de estas prácticas ilegales, destacando la importancia de contar con el apoyo de la sociedad y las instituciones para combatir el furtivismo y proteger la riqueza natural de la costa gallega.
La resolución de este caso sentará un precedente en la gestión y protección de los recursos marinos, recordando que el cumplimiento de las normativas es esencial para garantizar la sostenibilidad de la pesca y el bienestar de las comunidades que dependen de ella.
