El Parlamento de El Salvador ha aprobado este miércoles una nueva prórroga del estado de excepción, que se ha extendido más de 40 veces desde marzo de 2022. Esta medida, que permite al Gobierno suspender ciertas libertades y garantías, ha llevado a la detención de cerca de 90.000 personas acusadas de actividades vinculadas a pandilleros en el país centroamericano.
La iniciativa fue respaldada con 57 votos a favor, provenientes del partido gobernante Nuevas Ideas (NI), junto con el Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), mientras que solo se registró un voto en contra. La prórroga del régimen de excepción se aplicará desde el 3 de septiembre hasta el 2 de octubre de este año.
Resultados y justificación del Gobierno
El presidente Nayib Bukele ha defendido la continuidad de esta medida, argumentando que los resultados obtenidos son un «logro sin precedentes». Según el diario ‘El Mundo’, en el mes de agosto se han llevado a cabo alrededor de 800 detenciones, lo que eleva el total de arrestos a «más de 88.000» desde que se implementó el estado de excepción.
Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño ha estado facultado para desplegar tanto militares como policías en las calles y en los municipios donde se registran altos índices de homicidios, lo que ha permitido una mayor presencia de las fuerzas del orden público en un intento por combatir la violencia.
Consecuencias y críticas
A pesar de los resultados que el Gobierno considera positivos, la medida ha suscitado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por las violaciones de derechos civiles y la falta de debido proceso en las detenciones masivas.
El debate sobre la eficacia y la ética del estado de excepción continúa en El Salvador, mientras el Gobierno insiste en que la seguridad pública debe ser la prioridad para garantizar un futuro más pacífico para sus ciudadanos.
