El grupo municipal socialista ha denunciado la decisión del equipo de gobierno de Castellón de rechazar la enmienda destinada a la contratación de personas desempleadas en entidades de economía social. Esta propuesta fue presentada por el PSOE durante el debate de las cuentas de 2026 del Consorcio del Pacto Local por el Empleo, según ha señalado la portavoz municipal, Patricia Puerta. Esta línea de ayudas, que se instauró en 2017, había sido anulada por PP-Vox en 2025.
Patricia Puerta ha recordado que el origen de estas ayudas se encuentra en un esfuerzo del antiguo gobierno progresista, que buscaba fomentar la contratación de desempleados en entidades como cooperativas, empresas de inserción laboral, mutualidades, fundaciones, asociaciones y centros especiales de empleo. La respuesta de la ciudadanía a esta iniciativa fue muy positiva, logrando que hasta 2023 se concedieran íntegramente todos los fondos disponibles, hasta su agotamiento.
El impacto de esta medida ha sido notable, con un total de 886.000 euros concedidos, lo que ha permitido la creación de 68 nuevas altas en la Seguridad Social y la fundación de 10 nuevas empresas en la ciudad. A pesar de estos logros, el grupo socialista considera que, tras la eliminación de gran parte de los epígrafes destinados a favorecer el desarrollo socioeconómico por parte de PP-Vox, es vital reactivar esta línea de ayudas.
En el transcurso del debate, Puerta ha enfatizado que la estrategia política de la derecha no solo desmantela el sistema de ayudas, sino que también pone de manifiesto su falta de compromiso con la inserción laboral de los colectivos más vulnerables. La portavoz socialista ha instado al Ayuntamiento a reconsiderar su postura y a priorizar el apoyo a la economía social como una herramienta esencial para combatir el desempleo en Castellón.
La situación actual plantea un desafío considerable para la economía local, y la respuesta del gobierno es crucial para determinar el futuro de las políticas de empleo en la región. La falta de apoyo a estos proyectos podría tener repercusiones graves en la estabilidad laboral de muchos ciudadanos.
